Los altos cargos de la Junta deberán hacer públicas sus declaraciones de bienes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha analizado este jueves el anteproyecto de Ley de Transparencia que "va más allá"de la normativa estatal y que establece que altos cargos de la Junta, en torno a 92 personas, deberán presentar su declaración de bienes al acceder al cargo público y al abandonarlo, así como su IRPF anual en diciembre.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha informado de este anteproyecto que se publicará desde el lunes en el portal de Gobierno Abierto para que pueda ser analizado por los ciudadanos. "La transparencia, la información y la cooperación es un círculo virtuoso", ha destacado De Santiago-Juárez, quien ha considerado que la apuesta por estas premisas es "más importante"que un mero "antídoto contra la corrupción".

Compromisos adquiridos

Los organismos y las entidades que conforman el sector público autonómico deberán difundir, tal y como se detalla en el anteproyecto de ley, las siguientes informaciones:

a) las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos.

b) los puestos de personal eventual, con indicación de su grupo o categoría profesional y del importe de sus retribuciones anuales, así como los contratos de alta dirección, en su caso, indicando el importe de sus retribuciones anuales y de las indemnizaciones previstas a la finalización del contrato.

c) las convocatorias de procesos de selección de personal, con indicación, al menos, del número y la categoría de las plazas o puestos convocados y de la identidad de las personas encargadas de la selección. La información se irá completando a medida que se desarrolla el proceso con información relativa al número de aspirantes presentados y seleccionados. En el caso de existir, se informará sobre las bolsas de empleo y su gestión.

d) los convenios colectivos y los acuerdos o pactos o planes reguladores de las condiciones de trabajo o de las retribuciones o incentivos.

e) los textos de las resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o interpretación de las normas dictadas por la Comunidad Autónoma.

f) el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

g) el volumen del endeudamiento de la Comunidad, indicando el nivel de deuda en términos de PIB.

h) la estructura de cartera de la deuda, así como su calendario de vencimiento.

i) la finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

j) la relación de bienes inmuebles de su propiedad cedidos a terceros por cualquier título, la persona o entidad cesionaria y el uso al que se destina el inmueble.

k) el número de vehículos oficiales de los que son titulares o arrendatarios y el uso al que se destinan.