Palencia se suma a la rehabilitación de vivienda en pueblos para alquiler social

La Diputación y la Junta transforman el antiguo cuartel de Palenzuela en cuatro casas para entrar a vivir.

Palencia se suma a la rehabilitación de viviendas en los pueblos para alquiler social. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León transformaron el antiguo cuartel de Palenzuela en cuatro casas para entrar a vivir dentro del programa Rehabitare de la Junta, que invertirá 2,7 millones en el arreglo de 59 hogares en 47 municipios.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó las vivientas cedidas por el Ayuntamiento y mejoradas con un presupuesto de 72.940 euros, de los que 53.000 corresponden a la Junta.

Con la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, y la alcaldesa de la localidad, Sara Esteban, el consejero destacó la colaboración de todas las administraciones públicas para impulsar el arreglo de casas en el medio rural con el objetivo de ponerlas a disposición de las familias con dificultad de acceso a un hogar.

El consejero recordó que Palencia tiene «mucha experiencia» en este programa, ya que se pudo en marcha de forma piloto en esta provincia en 2009 y sirvió para rehabilitar 17 viviendas en cinco municipios.

Asimismo, aseveró que el apoyo a la instalación de nuevas familias en el entorno rural es una cuestion «prioritaria» tanto para la Junta de Castilla y León como para la Diputación, con la intención de «contribuir a fijar población en el territorio», ya que los pueblos «desaparecen su no damos servicios y confortabilidad».

En la misma línea Ángeles Armisén subrayó el ejemplo de colaboración de este programa que lucha contra la despoblación y el abandono en los pueblos y que, en este caso en concreto, ha permitido que trece persona ya estén viviendo en las viviendas rehabilitadas por la Junta y la institución provincial en Palenzuela.

Suárez-Quiñones explicó que una vez arregladas, son los respectivos ayuntamientos quienes ofrecen las casas en régimen de alquiler social a las familias. Igualmente, serán los consistorios los que determinen el precio del arrendamiento, que no podrá exceder de la tercera parte de los ingresos de los inquilinos.