Rechazo unánime a la puesta en libertad de los cinco miembros de «La Manada»

El auto de la Audiencia Provincial de Navarra por el que se pone en libertad, bajo fianza de 6.000 euros, a los cinco miembros de «La Manada» ha desatado un rechazo unánime en la sociedad y las instituciones.

Así, miles de personas salieron a a las calles de las principales capitales de provincia para mostrar su rechazo a esta decisión judicial.

En Valladolid, colectivos y organizaciones feministas se concentraron en la plaza de Fuente Dorada para desplazarse por las calles del centro de la capital hasta los juzgados con una gran pancarta en la que se podía leer «Terrorismo consentido por la justicia» para denunciar «el agravio que sentimos ante esta decisión judicial».

La cita, al igual que las del resto de ciudades de la Comunidad, fue difundida a través de las redes sociales bajo los hashtag #AlertaFeminista, #SiNosTocanAUnaNosTocanATodas y #LaManadaSomos Nosotras.

En la capital leonesa numerosos carteles y pancartas inundaron la plaza de Botines, donde tuvo lugar la concentración convocada para alzar su voz contra la puesta en libertad de los miembros de La Manada y en apoyo a la víctima.

Con gritos como «Mujeres a la calle, violadores a prisión» cientos de personas mostraron contundentes su descontento y la portavoz de la movilización, Herminia Suárez, recalcó que «las feministas de León consideramos que el auto no está basado en fundamentos jurídicos sino en valores personales de quienes lo redactaron. Es injusto y atenta contra los derechos fundamentales de las personas».

Por su parte, los portavoces de los grupos de las Cortes de Castilla y León reprobaron la puesta en libertad provisional de los condenados por abuso sexual, si bien Podemos e IU calificaron el hecho de «vergonzoso» y PP y Cs apostaron por acatar las sentencias judiciales aunque no se compartan.

Asimismo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, pidió a los tribunales que juzguen con perspectiva de género y se mostró partidaria de que los jueces realicen cursos de formación, al igual que hacen otros profesionales, ante el aumento de denuncias y agresiones.

García reconoció además estar «asombrada y estupefacta» al conocer el auto y sentenció que «es una decisión que puede ser respetada pero no compartida. En absoluto».

Finalmente, la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, se sumó a la propuesta de la consejera e insistió en que los cambios legislativos se deben llevar a cabo en un marco de «serenidad» y fuera del debate «partidista».