A por una lista negra de dueños de pisos

Colau quiere crear un registro de tenedores de viviendas que «violan estándares» para rectificar comportamientos.

La polémica por el desahucio el miércoles de una mujer con sus tres hijos menores está lejos de apaciguarse. Casualidad o no, la alcaldesa de Barcelona comparecía ayer para explicar las medidas en materia de Vivienda que el Ayuntamiento va a tomar y valorar las que llevan funcionando desde algún tiempo. Así, Colau aprovechó para exigir a la Generealitat que no utilice efectivos antidisturbios en futuros desalojos. Además, entre las medidas que quiere implementar, destaca la creación de una suerte de lista negra de propietarios con pocos escrúpulos.

En cualquier caso, el juez que ordenó el polémico desahucio también quiso dar su versión de los hechos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) asegura que el juez suspendió en dos ocasiones el lanzamiento tras constatar que en la vivienda residían menores de edad y que se acordó ejecutar una vez la madre de los pequeños acreditó que había pedido una vivienda a los servicios sociales. Según sostiene el Ayuntamiento, el caso de esta familia estaba sobre la Mesa de Emergencia de Barcelona con lo que era cuestión de semanas que se acabara otorgando un piso social, y el consistorio llevaba meses intentando que el propietario -con decenas de pisos en la ciudad- desistiera del desalojo, ofreciéndose incluso a pagar la deuda.

De hecho, Colau explicó al respecto que los servicios municipales se presentaron al desalojo para mediar, pero que “alguien decidió que hubiera una intervención con antidisturbios”. Colau exigió que no se vuelva a producir esta situación, por lo que, a su juicio, se deberán revisar los protocolos entre el Ayuntamiento y la Generalitat para solucionar los procesos de ejecución de las familias antes de expulsarlas de su casa.

Colau puso sobre la mesa sus demandas al tiempo que presentaba el primer balance de la Ucero, el servicio encargado de prevenir desahucios en la ciudad. Desde que entró en funcionamiento, este enero, ha gestionado un 38,6 por ciento más de casos que a lo largo de 2015: 1.515. De éstos, 581 (un 38 por ciento) han sido resueltos a través de la mesa de emergencias y los 884 restantes (59 por ciento) se han aplazado.

En cuanto a la actuación de la Ucero, se ha detectado que los desahucios han dejado de producirse de manera más acentuada en Nou Barris para asimilarse a los de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, San Martín y San Andrés. La tipología también ha variado: más de un 90 por ciento de procesos han sido para que las familias no podían afrontar el coste del alquiler, no la hipoteca. Por este motivo, Colau reiteró la urgencia de tener una regulación de los alquileres en la ciudad y propuso crear un índice público indicativo de precios recomendados según la renta y la capacidad de pago. Pero sin duda la medida más polémica es la posibilidad de crear un registro de propietarios que alquilan viviendas pero «violan determinados estándares», para rectificar comportamientos y concienciar a los dueños y grandes operadores, con los que el Ayuntamiento ha empezado ya una ronda de contactos.