Aplazado hasta febrero de 2014 el juicio contra Millet por el hotel del Palau

Las tres causas pendientes que tiene con la justicia el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet van camino de convertirse en una historia interminable. El primero de los juicios contra él, al que también acudirán como acusados su mano derecha en la institución, Jordi Montull, y cuatro ex responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona por la operación para construir un hotel de lujo al lado de la institución musical se ha aplazado del 30 de septiembre de este año al 24 de febrero de 2014.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el motivo del aplazamiento son los problemas de agenda de uno de los abogados del caso, por lo que no será hasta el 24 de febrero que la sección quinta de la Audiencia empezará la vista oral, que se alargará durante el mes de marzo y parte de abril.

Presunta comisión

En esta operación que ahora va a juicio, presuntamente Millet y Montull se embolsaron 900.0000 euros de comisión utilizando el estatus que les otorgaban sus cargos en el Palau de la Música para «influir» en diferentes implicados de la tramitación urbanística, según la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona.

Los trámites durante la operación urbanística para levantar el hotel , que nunca se llegó a construir, en Ciutat Vella pueden suponer delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

En este caso están imputados el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon Garcia–Bragado, y el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, por delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Según el juzgado, durante la tramitación administrativa ocultaron que, desde el 12 de julio de 2007, los terrenos destinados a la edificación del hotel ya no eran propiedad de la Fundación Palau sino de Olivia Hotels, la adjudicataria del proyecto.

Esta ocultación, según la magistrada, pretendía que Millet y Montull se apoderaran de 900.000 euros provenientes de Olivia Hotels y, una vez transmitida a la constructora la propiedad de las fincas que debían ser recalificadas urbanísticamente, apoderarse también de 3.606.072 euros que debía pagar dicha empresa dos meses después de la aprobación definitiva de la modificación del plan urbanístico del Consistorio. La juez considera que Massaguer y Garcia-Bragado aprobaron algunas de estas operaciones sabiendo que partían de una información «que no se ajusta a la realidad y ocultando una operación de lujo privado».

Según la juez, Massaguer y Garcia–Bragado, así como el director jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Enric Lambies, dieron un trato de favor a Millet y Montull «ocultando la operación lucrativa privada» y la existencia de Olivia Hotels.

También pudo contribuir a ocultar la cesión del derecho de las fincas a la constructora el arquitecto contratado por la Fundación, Carles Díaz, quien presentó la documentación ante el Ayuntamiento en la que aparecía la Fundación como única interesada «ligando el futuro del hotel aparentemente solo al interés público». Se verá en el juicio, en el plazo de un año.