Asalto frustrado al Banc Expropiat

Los Mossos d’Esquadra desalojan de nuevo la antigua sucursal bancaria «okupada» momentáneamente por varios activistas, pero no se producen detenciones. Los operarios vuelven a tapiar el local para evitar nuevos incidentes.

Segundo intento fallido de «reokupar» el Banc Expropiat de Gràcia. Ayer, una cincuentena de personas vinculadas a la Assamblea del Banc Expropiat, pertrechadas con varias máquinas radiales y martillos, se dedicaron desde las once y media de la mañana a desmontar las planchas metálicas con las que se había tapiado este local tras el último desalojo, el pasado junio.

Mientras unos okupas se dedican al bricolaje, otros, ocultos con pasamontañas y caretas blancas, cerraban el paso de la calle Mare de Deu de los Desamparats –donde se ubica el edificio– con una pancarta en la que se leía «El banco no está en venta, el banco se queda en Gràcia». A medida que avanzaba la mañana, el grupo de vecinos y curiosos que se agolpaba en la acera de enfrente –la del Mercat de la Abacería–para no perderse la escena, iba en aumento. También el de los periodistas que se acercaba para informar. Pero a ninguno se le permitía siquiera sacar el móvil. «No se pueden hacer fotos», advertía a una vecina uno de los activistas encargados de impedir que se tomasen imágenes . «Es para que no puedan ser utilizadas por los Mossos para identificar a los compañeros», aclaraba. Con los periodistas, no obstante, el tono era más amenazador: «Yo que tú no sacaría la cámara», advertían a la prensa congregada.

Varias horas después, hacia la una de la tarde, los simpatizantes de la Assamblea del Banc Expropiat lograron acceder al recinto. Aplausos de sus compañeros y para celebrarlo y reponer fuerzas una comida popular con bocadillos y frutas.

Pero la algarabía duró poco. Pasadas las cuatro y media de la tarde, varias furgonetas de la unidad de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra (conocida como BRIMO), tras recibir la denuncia del propietario del edificio –el empresario Manuel Bravo Solano–, desalojaron en una rápida intervención a los activistas que se encontraban dentro del local. La operación estuvo apoyada también por un helicóptero policial para controlar la zona. Finalmente no se produjo ninguna detención, sólo 18 identificaciones, ya que «los manifestantes no pusieron resistencia», tal y como aclararon fuentes policiales.

Una vez más, los operarios municipales volvieron a colocar las planchas metálicas para blindar el recinto, pero desde las redes sociales los okupas advirtieron que no se darán por vencidos.

Esta es la segunda vez que intentan okupar el Banc Expropiat, desde que su propietario impulsó el desahucio de los colectivos asamblearios que entraron en 2011 para promover actividades sociales dedicadas al barrio. El desalojo, el pasado 23 de mayo, provocó una semana de altercados violentos en Gràcia y un gran impacto mediático, tras conocer que el anterior alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias, había estado pagando durante todo 2014 el alquiler a los okupas (5.500 euros mensuales) con el fin de evitar un conflicto como el de Can Vies.

El nuevo gobierno de Ada Colau decidió destapar esta actuación para hacer entender a la opinión pública por qué había estallado con ella al frente del consistorio el desalojo del Banc Expropiat. Conocidas las simpatías de BComú con los movimientos asamblearios y vecinales, su estrategia fue la de procurar a los desalojados del Banc Expropiat otro local en el que poder desarrollar sus actividades. Ante la negativa, se intentó «una compra vecinal avalada por el ayuntamiento» de la antigua sucursal bancaria. Finalmente, se desestimó dado «el precio desorbitado–más de medio millón de euros– que pedía el propietario por el local». Al margen de estas primeras actuaciones, el ejecutivo de Colau siempre se ha mantenido al margen de este asunto. Insiste en que le parecen «legítimas» las reivindicaciones del colectivo okupa y que no le corresponde hacer de juez.