Barcelona estudia la impugnación del nuevo bono social del Gobierno

El 43% de los afectados por pobreza energética en la ciudad quedan al margen de la medida.

El Ayuntamiento denunció ayer que el 43%, unas 5.000 personas, de la población atendida en dependencias municipales por pobreza energética no se podrá acoger al bono social que ha impulsado el Gobierno. El Consistorio, que ya hacía meses que alertaba que este bono dejaría fuera a muchísima gente, ha encargado un informe jurídico que considera que esta normativa catalana continúa plenamente vigente a pesar de la regulación del bono social.

El informe, sin embargo, destaca además que la ley catalana contra la pobreza energética (24/2015) seguiría plenamente vigente a pesar de la aprobación del Real Decreto que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección de los consumidores domésticos de electricidad. Bajo esta premisa, la ley catalana sería de obligado cumplimiento pese al bono acordado por Mariano Rajoy, que no entrará en funcionamiento a pleno rendimiento hasta abril del año que viene. El gobierno municipal apuesta ahora por compatibilizar las dos herramientas e insta a las empresas suministradoras a firmar convenios para que se corresponsabilicen del gasto que genera la pobreza energética

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, explicó que ya están manteniendo reuniones con las compañías y que Endesa se ha comprometido a no efectuar ningún corte este invierno. Fuentes de la empresa, según Acn, señalaron que ni confirman ni desmienten este extremo. Ortiz insistió que este bono social está hecho «de espaldas a los municipios y a las administraciones», sin aportar además la financiación para cubrir los descuentos que prevé. El Consistorio calcula que esto podría suponerle un gasto de entre medio millón y el 1,67 millones de euros. En este sentido, Ortiz explicó que el Ayuntamiento ha encargado dos informes al respecto, uno de social y otro en materia jurídica, y está evaluando si impugna el decreto que regula este bono por la «indefensión» que genera para las administraciones.

El informe social se basa en las 10.000 personas atendidas por el consistorio este año, ya sea a través de los servicios sociales o de los Puntos de Asesoramiento Energético. El 43% quedaría fuera de este bono y no se podría acoger a sus descuentos, puesto que no quedaría encuadrado ni en la categoría de consumidor vulnerable ni en la de vulnerable «severo». El 60% del total, además, quedaría desprotegido del principio de precaución y se le podría cortar el suministro. El 18% sería catalogado como consumidor vulnerable (con un 25% de descuento en la factura) pero no estaría protegido de un corte, y el 37,6 tendría la máxima protección, con un descuento del 40% y sin que se le pudiera cortar el suministro.

El Ayuntamiento de Barcelona ya presentó alegaciones al Real Decreto el pasado mes de mayo, conjuntamente con otras siete ciudades españolas (Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela). Dichas alegaciones sólo fueron tenidas en cuenta «en aspectos menores de la regulación», según lamentó el consistorio barcelonés.