Política

Vivienda

Colau admite que hay 480 familias en espera de pisos de emergencia

El Consistorio adquiere un edificio del barrio de la Marina de 114 pisos, de los que casi la mitad están vacíos

En la imagen, el nuevo edificio adquirido por el Consistorio, que cuenta con 59 pisos vacíos, mientras que el resto están ocupados en régimen de alquiler protegido
En la imagen, el nuevo edificio adquirido por el Consistorio, que cuenta con 59 pisos vacíos, mientras que el resto están ocupados en régimen de alquiler protegidolarazon

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció ayer la compra de un edificio de 114 pisos en el barrio barcelonés de la Marina, por un valor de 5,8 millones.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció ayer la compra de un edificio de 114 pisos en el barrio barcelonés de la Marina, por un valor de 5,8 millones. El objetivo es ampliar el parque público de vivienda y, para, según dijo, «rescatar estas viviendas de los especuladores y los fondos buitres», para «cubrir el déficit de la Mesa de Emergencia Social».

De estos 114 pisos, 59 están vacíos, y el resto están ocupados en régimen de alquiler protegido, que se mantendrán según señaló el Consistorio. Con este edificio, el gobierno de Colau ha comprado un total de 22 en lo que va de mandato, y este es el más grande.

En principio, se destinarán unas 30 viviendas de las 59 vacías a la citada Mesa de Emergencia Social, pero hay un problema. Colau admitió que hay 480 familias a las que se les reconoció el derecho a una vivienda de emergencia, pero que se encuentran en lista de espera por falta de parque inmobiliario público.

Dicho esto, cargó contra la Generalitat. Colau dijo que «exigimos al gobierno de Torra que apruebe los presupuestos del Estado para que cumpla sus obligaciones en vivienda». Por su parte, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, explicó que a estas personas –las 480 familias citadas– se las destina a pensiones o apartamentos hasta que queden vacías nuevas viviendas.

La alcaldesa también reprochó a la Generalitat una «gran deuda con Barcelona», y recordó que tanto el Consorcio de la vivienda como la Mesa de Emergencia social están formadas al 60 por ciento por el gobierno catalán, pero que éste solo ha aportado el 22 por ciento de las viviendas adjudicadas por la Mesa de Emergencia, mientras que el Ayuntamiento ha asumido el 78 por ciento de los 1.000 pisos que ha dado este órgano.

Según Colau, esta operación «tiene un doble objetivo»: por un lado, incrementar el parque público de alquiler en la ciudad y, por otro, «lanzar el mensaje al sector privado de que con la vivienda en Barcelona no se puede hacer cualquier cosa y que no nos quedaremos de brazos cruzados ante la especulación».

Señaló que desde el Ayuntamiento «tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque es una necesidad urgente de nuestra ciudad», pero pidió la colaboración del resto de administraciones, y explicó que en la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes insistió en la demanda de regular los alquileres abusivos. Colau consideró que la especulación «es uno de los principales enemigos de la ciudad de Barcelona» y, ante esta amenaza, el Ayuntamiento «no dudará ni un segundo en usar todas las herramientas posibles».