Colau aprueba regularizar las obras de la Sagrada Familia

Sigue la polémica con el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona sobre la Sagrada Familia. Un asunto que se arrastra desde hace años, incluso antes del mandato del Colau.

Sigue la polémica con el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona sobre la Sagrada Familia. Un asunto que se arrastra desde hace años, incluso antes del mandato del Colau.

El pleno del Consistorio aprobó ayer dos planes urbanísticos que permitirán regularizar las obras de la Sagrada Família después de 130 años sin licencia, que contaron con el apoyo del gobierno de Ada Colau y del PDeCAT, Cs, el PP y los dos concejales no adscritos; el rechazo del PSC y la CUP, y la abstención de ERC.

Después del acuerdo

De esta manera, se aprobó el Plan Especial Urbanístico Integral y la modificación del Plan General Metropolitano del ámbito del templo – ésta deberá aprobarse definitivamente en la subcomisión de Urbanismo de Barcelona–, después de un acuerdo con la junta constructora del templo por el que éste aportará 36 millones en diez años para gastos que genera, recordó la teniente de alcalde Janet Sanz.

Una vez aprobados ambos planes, el patronato podrá solicitar los permisos constructivos y de actividad y deberá abordar los importes que correspondan para finalizar las obras, de modo que se normalizará un asunto pendiente desde que se solicitó en 1885 la licencia al entonces consistorio de Sant Martí de Provençals, municipio al que pertenecía el templo.

Los planes promueven cambios en las cualificaciones urbanísticas del tramo de la calle Provença de la manzana del templo, que se pacifica eliminando los coches para compensar la construcción de la Capella de l'Assumpta –que implica la ocupación por de parte de la acera–, y mantiene el aforo máximo hasta que finalicen las obras, cuando podrá volverse a estudiar, entre otros aspectos.

Desde el PDeCAT, Jordi Martí acusó al Gobierno de Colau de haber solucionado con este acuerdo el trabajo fácil y de haber «dejado el trabajo difícil, el de abordar el reto de las afectaciones urbanísticas de la fachada de la Glòria», con una escalinata en la calle Mallorca que implicaría el derribo de edificios de pisos de miles de vecinos. Ese es el principal problema de este proyecto, por la defensa de miles de residentes que evidentemente no quieren abandonar sus pisos.

El popular Alberto Villagrasa celebró el avance que representa este acuerdo, pero también afeó al gobierno municipal haber «optado por solucionar la parte más fácil pero, además de piedras, en la zona también hay personas», y «deberían haber abordado el futuro de los vecinos afectados».

Huelga

Por otra parte, Colau rechazó debatir en el pleno municipal una moción de urgencia que promovió el PP, en la que pedía que el Ayuntamiento iniciara acciones legales contra los responsables de los incidentes «violentos e intimidatorios» sucedidos en la huelga general del jueves, y condenara estos hechos. «Colau se quita definitivamente la careta y ejerce de alcaldesa independentista», criticó en un comunicado el líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, que le recriminó esta negativa en el pleno durante una intervención de su grupo municipal.

Fernández la acusó de haber descartado abordar el asunto en el pleno porque no quiere condenar estos hechos ni impulsar acciones legales, y criticó que la alcaldesa no garantizó ni la normalidad ciudadana ni los servicios públicos en la ciudad. Colau replicó que ella condena siempre la violencia porque es «pacífica», algo que contrapuso con el PP, que «sólo viene a hablar de violencia cuando hay de propuestas que no son de su agrado».