Colau cumple su desafío: multa a tres bancos por tener pisos vacíos

Cien días después de su investidura, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presentó ayer su proyecto estrella, el que en buena medida la hizo alzarse con la vara de mando: un paquete de medidas para frenar los desahucios –«son 2.000 los que se producen al año en la ciudad», aseguró la primera edil–, y movilizar viviendas vacías. Unas iniciativas que suponen un punto y seguido a su gestión como líder de la Plataforma Antidesahucios (PAH), un cargo que desempeñó durante años hasta su llegada al Ayuntamiento de Barcelona.

Colau, acompañada por el concejal de Vivienda, Josep María Montaner, desgranó su ambicioso programa en tres puntos. El más polémico, el de sancionar a las entidades financieras que mantengan pisos vacíos durante más de dos años con una multa de 5.000 euros por vivienda. La alcaldesa aseguró que ya se han interpuesto 12 multas a tres bancos (siete a la Sareb, cuatro al BBVA y uno al Banc Sabadell) que deberán pagar en el plazo de un mes y que hay otros 60 expedientes abiertos. «Nuestra vocación no es la mera sanción sino que sean multas coercitivas, incentivar la movilización del parque social de viviendas», declaró la alcaldesa.

La posibilidad de multar a los bancos que mantengan pisos sin habitar ya se preveía en la Ley de Derecho a la Vivienda que sacó adelante el Tripartit en 2007. Sin embargo, para poder aplicarla, el anterior alcalde, el convergente Xavier Trias, tuvo que aprobar un decreto impulsado por la PAH. El objetivo de esta plataforma era detectar los pisos buitres en los barrios de Barcelona donde más ejecuciones hipotecarias se producen y seguir, así, el ejemplo de Terrassa, el primer municipio en sancionar a un banco por mantener casas sin inquilinos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el gobierno municipal ha aplicado por primera vez esta medida.

El segundo punto del plan consiste en aumentar el presupuesto destinado al pago del alquiler, ya que «el 90 por ciento de las ejecuciones hipotecarias se producen por el impago de rentas», explicó Colau. Para ampliar las ayudas se destinarán siete millones de euros y se podrán acoger a ellas, como novedad, familias sin ningún tipo de ingreso.

Por último, el concejal de vivienda anunció un presupuesto de 3,5 millones para la compra y rehabilitación de pisos destinados a aumentar el parque social de viviendas. Para ello, se ejercerá el derecho de tanteo y retracto, que permite a las entidades públicas comprar casas procedentes de ejecuciones hipotecarias a un precio inferior al del mercado. El objetivo de la antigua líder de la PAH es cerrar la legislatura con 8.000 pisos más para el alquiler social: 4.000 de obra nueva y 4.000 procedentes de pisos movilizados. Un objetivo que Montaner aseguró que es «realista».