Puigdemont calla y sus «socios» ven tocado el «procès»

La CUP ve una «bofetada» para la consulta y ERC avisa de que no «blanqueará» a CDC

Silencio. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los pesos pesados del PDeCAT optaron ayer por no comentar las detenciones de sus afines en marco de la investigación del «caso 3 por ciento». Puigdemont tenía en agenda una inauguración de unas instalaciones del Campus de Turismo de la Universidad de Barcelona (CETT),pero evitó en todo momento realizar declaraciones a la Prensa.

En cambio, sus socios sí que hablaron. Y nadie lo hizo con tanta contundencia como la presidenta del grupo de CUP Capgirem en el Ayuntamiento de Barcelona, María José Lecha, que subrayó que las detenciones por la supuesta financiación ilegal de CDC «son una tremenda bofetada al proceso independentista, que había de ser impecable».

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras reunirse de urgencia con los líderes municipales para hablar de la operación que ha iniciado la Guardia Civil ayer por la mañana, aseguró que el Consistorio abrirá «inmediatamente» un expediente informativo para revisar todos los expedientes que los agentes han requerido a Bimsa, la empresa municipal de infraestructuras. Son cinco, en concreto, sobre contrataciones hechas el mandato anterior: las obras del Paral.lel, la urbanización de la calle de Lucà, el carril bici entre Bac de Roda y Felipe II, el pasaje mirador en la carretera de las Aigües y el túnel de las Glòries.

La alcaldesa señaló que «si hay indicios de que pueden ser contrarios al interés del Ayuntamiento» no descarta poner en marcha una comisión de investigación –como piden PP y C’s– o personarse como acusación –tal como quiere la CUP–. Sin embargo, aseguró que la información de la que dispone todavía es escasa. «Es demasiado pronto para hablar de estas cosas», sentenció.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha pedido al Puerto de Barcelona que convoque «un consejo de administración extraordinario para saber qué se ha requerido» al presidente del Puerto, Sixte Cambra. Del mismo modo, Colau quiere que «cuando se conozca la información» del requerimiento que se ha hecho al antiguo gerente municipal, Constantí Serrallonga, se convoque un consejo de administración. El Consistorio tiene representación en ambos órganos.

Ada Colau, a diferencia del ex alcalde Xavier Trias (CiU), desvinculó la operación de la Guardia Civil del proceso soberanista. Trias señaló que la investigación «no es casual» y tiene «una gran intencionalidad política». En este sentido, la alcaldesa lamentó «la experiencia por la que pasó Trias», en alusión a unas cuentas en Suiza que resultaron no ser suyas, pero afirmó que en este caso «estamos hablando de una investigación judicial, no del ministerio». Por ello pidió «respetar la independencia judicial» y ofreció «máxima colaboración».

La reunión de la alcaldesa con los grupos, en cualquier caso, se centró en facilitar los datos de que disponía Colau, aunque son escasos, ya que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna información de la causa ni requerimiento, sino sólo la empresa municipal Bimsa. La alcaldesa Colau subrayó que de estas actuaciones no se desprende que estas personas u otros trabajadores municipales estén acusados y hay que respetar la presunción de inocencia.