Política

Del 3 al 5% para los Pujol

Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola
Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola

La UDEF investiga si el primogénito del clan elevó las comisiones para repartir entre CiU y la familia. Los empresarios coinciden en que la mordida subió tras mejorar la situación económica

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional de Policía, que trabajan en el asunto del presunto cobro en Cataluña de comisiones ilegales, entre ellas por parte de Jordi Pujol Ferrusola, han llegado a la conclusión de que, en un determinado momento, alguien decidió, para beneficio propio o de su grupo, que del 3% que se exigía en un principio para la adjudicación de obras había que pasar al 5%.

El escándalo fue destapado, en febrero de 2005, por el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, cuando acusó, en una sesión plenaria del Parlamento de Cataluña, al jefe de la oposición, por entonces Artur Mas, de que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) había cobrado el 3% de las obras públicas que adjudicó durante los gobiernos de Jordi Pujol.

En las últimas declaraciones, muchas de ellas prestadas con carácter voluntario, que los agentes de la UDEF han tomado a empresarios que supuestamente pagaron las comisiones, o se negaron a hacerlo, manifiestan, de manera unánime, que la cantidad que se les exigía, sobre todo en la época «dorada» de las obras y adjudicaciones, antes de que estallara la crisis, era del 5%.

Tras la investigación de varios casos ocurridos en Cataluña, se llegó a la sospecha de que el 3% que inicialmente se exigía y al que hizo referencia Maragall, podía haber ido destinado a la financiación ilegal de CDC. Entonces, ¿para quién era el 2% restante hasta llegar al 5? Los agentes tienen fundadas sospechas, y trabajan intensamente para poder demostrarlo ante la autoridad judicial, de que ese 2% era para el «clan», cuyas cuentas en Andorra y otros países controlaba Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, en las diligencias que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, abrió en 2013 para tratar de determinar si Jordi Pujol Ferrusola había cobrado comisiones ilegales, se incluía una línea de investigación para saber si parte del dinero había ido destinado a la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

Ruz cuenta, desde el verano del año pasado, con un informe de la UDEF sobre Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés Riera, en el que se implica a una veintena de empresas, contratistas de Administraciones Públicas de Cataluña, que habrían pagado cerca de ocho millones de euros en comisiones ilegales a tres sociedades pertenecientes al primogénito del ex presidente de la Generalitat de Cataluña por supuestos servicios, algunos de los cuales se han demostrado falsos. Es decir, se pagó por trabajos no realizados.

A los agentes de la UDEF les llamaba la atención el hecho de que Jordi Pujol Ferrusola pudiera ser experto en todo tipo de técnicas, comerciales o industriales, algunas de las cuales requieren conocimientos complicados de adquirir: la intermediación inmobiliaria en distintas zonas de España; el negocio de las refinerías petrolíferas; el desarrollo de plantas fotovoltaicas; o la actuación como bróker especialista en compraventa de participaciones de diversas sociedades mercantiles.

Los investigadores tratan de determinar qué parte de esa importante suma de dinero pudo ir a la financiación de CDC y cuánta a engrosar las cuentas del «clan» y si, como sospechan, la proporción es del 3% y el 2%, respectivamente.

Las investigaciones, muy complejas en sí mismas y que van a llevar algún tiempo, porque son muchos los datos que hay que comprobar, se han visto facilitadas por los testimonios de empresarios que se han prestado voluntariamente a declarar ante la autoridad judicial y los agentes de la UDEF, y que hablan casi siempre de que la exigencia de comisión era del 5%.

Es el caso del industrial francés que, tal y como ha venido informando LA RAZÓN, declaró hace algunos días ante los agentes policiales que Felip Puig Godes, hombre de la absoluta confianza de Artur Mas, que ocupó en su momento la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y, en la actualidad, es consejero de Empresa y Ocupación, le habría exigido el pago de una comisión del 5% si quería que se le adjudicara una obra en el Puerto de Barcelona.

Lo niega

Puig ha negado con rotundidad este extremo, pero las investigaciones continúan y la UDEF ha elevado al juez Pablo Ruz un primer informe al respecto. Tal y como adelantó este periódico, el industrial galo ofreció todo tipo de detalles de cómo ocurrieron los hechos y corroboró que la petición de comisión para adjudicarle el contrato era del 5%.

Asimismo, precisó que la petición se realizó en una entrevista personal y no a través de intermediarios, reunión de la que ha facilitado fechas y otros detalles que ya obran en poder de los investigadores.

De hecho, los agentes que realizan las pesquisas han conseguido acumular una serie de datos importantes, que es lo que ha permitido realizar el citado primer informe para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Pablo Ruz, que dictará las providencias que estime oportunas. Las actuaciones están declaradas secretas.

«Macro investigación»

Otros empresarios, tal y como adelantó este periódico, han comparecido voluntariamente ante la Policía y han aportado, incluso, los «legajos» que probarían el cobro de comisiones por parte de la Administración catalana cuando Jordi Pujol era el presidente de la Generalitat; o la exigencia de «mordidas» si querían participar en los concursos de adjudicación de obras.

Todo ello está configurando, según han informado fuentes conocedoras del caso, una «macro investigación», en la que los agentes se encuentran, tras la toma de declaración a un empresario, que cuentan con datos para iniciar nuevas pesquisas.