Desarticulada una red que expoliaba restos arqueológicos submarinos

La Guardia Civil ha desmantelado después de tres años de investigación una red que se dedicaba al expolio de restos arqueológicos submarinos en las costas de Girona, Barcelona y Menorca. Según informaron ayer los agentes, hay diez detenidos, cinco en Girona, uno en Barcelona y cuatro en Menorca. Asimismo, han sido imputadas otras tres personas por su presunta vinculación con el grupo.

La operación «Circinus» se inició en junio de 2010 cuando un ex trabajador de la Fundación Argo Maris, una asociación privada con sede en Terrassa y dedicada a la investigación y exploración submarina, presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Alertó de que los responsables de esta entidad sin ánimo de lucro aprovechaban sus conocimientos y mecanismos para sustraer piezas que luego se quedaban.

Ante esta información, la Guardia Civil emprendió una minuciosa investigación tras la cual los agentes averiguaron que la citada empresa, utilizando embarcaciones propias y material muy sofisticado para el estudio del fondo marino, había expoliado, sin autorización de las autoridades competentes, yacimientos arqueológicos subacuáticos.

En la mayoría de los casos, los pescadores facilitaban información a los «cazatesoros» y a cambio recibían alguno de los objetos expoliados en el fondo marino.

Los agentes de la Guardia Civil hicieron quince registros a almacenes y pisos de Girona y Barcelona. Decomisaron un centenar de piezas, entre ánforas, platos, vasijas, jarras, un compás y cartas de navegación, además de sistemas informáticos, e incautaron las dos embarcaciones de la fundación, el «Bon Geni» y el «Bon Pigall», atracadas en Mataró y Roses, respectivamente.

Estas embarcaciones, que tienen 18 y 23,8 metros de eslora, estaban equipadas con sofisticado material técnico empleado en las prospecciones del fondo marino y extracción de los bienes localizados. El «Bon Pigall» disponía de un robot para descender hasta 3.000 metros de profundidad, a pesar que los investigadores sospechan que sólo actuaron en yacimientos entre 200 y 400 metros.

En los próximos días se citará a declarar a los detenidos. Se les imputan los delitos de hurto de objetos de valor histórico cultural, daños en yacimiento arqueológico, otro delito de apropiación indebida y otro de falsificación, ya que hacían reproducciones que vendían como auténticas.

La Guardia Civil todavía investiga si los autores actuaban por beneficio propio o vendían los restos, y aún tiene que determinar el valor de las piezas recuperadas. Además, estudia la posibilidad de que los expoliadores descubrieron yacimientos no localizados por los arqueólogos.