El comercio denuncia que el top manta se extiende en oferta y territorio

La Plataforma de Afectados, que agrupa a 500 asociaciones, advierte de la falta de voluntad del gobierno municipal para resolver el problema y piden a Colau que «no se esconda».

El buenismo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha practicado, por muy loable que sea, con el top manta comienza a girársele en contra. No sólo no ha sido capaz de atajar el problema sino que el comercio tradicional ha dicho basta. Las alarmas de las más de 500 entidades que agrupa la Plataforma de Afectados por el Top-Manta han saltado después de constituirse hace un año. Las organizaciones implicadas, comerciantes en su mayoría pero también agrupaciones vecinales, afirman que el fenómeno de la venta ilegal no sólo ha diversificado los productos que comercializa, como los pareos en la playa, sino que también se ha extendido a nuevos espacios en la ciudad. Por ello, piden a la alcaldesa la misma mano dura que aplica con otras problemáticas de Barcelona como los pisos turísticos.

El presidente de la plataforma, Fermín Villar, señaló que el principal problema que detectan es «la ocupación de la vía pública» por parte de los vendedores ambulantes, que genera una «competencia ilegal» frente a los comercios que están obligados a «tramitar licencias de uso del espacio público y a pagar impuestos». Según un informe de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), miembro de la plataforma, se pierden alrededor de 67.000 puestos de trabajo al año en España por culpa de las falsificaciones y la venta de productos de imitación además de restar una facturación superior a los 7.000 millones.

El presidente de la plataforma explicó que en el último año «se han incrementado las zonas de venta y también se han ampliado los tipos de productos» y «se han añadido nuevos colectivos que, ante la impunidad que hay, se están empezando a dedicar al top manta, produciendo un efecto contagio». Villar aseguró que este fenómeno se debe a que hay «una dejadez por parte de la administración para hacer cumplir la norma», mientras que hay «más de 500 organizaciones» que sí están obligadas a cumplir una normativa, a pagar impuestos, a asegurar a sus trabajadores e incluso a cobrar las bolsas de plástico.

Además, tildó de desmesurada la inversión de 800.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona para la constitución de una cooperativa de manteros que, según apuntó, solo ha logrado integrar a 54 personas. «Es un agravio comparativo con los múltiples colectivos de la ciudad afectados por problemáticas diversas», señaló. La asociación, además, calificó de «despropósito» la marca Top Manta, creada por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes para acabar progresivamente con las falsificaciones. «El material en la mayoría de los casos se sigue comprando a redes mafiosas. Se coloca el logotipo de la marca y se vende en la calle, sin ningún tipo de alta de actividad y sin liquidación de impuestos», afirmaron.

De hecho, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ya reclamó el lunes pasado «dejar sin efecto el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la cooperativa de manteros» y aseguró que «se debería destinar el importe de este convenio a dotar de más recursos a los centros de servicios sociales de la ciudad para poder atender con más celeridad y calidad a las personas usuarias». Los populares llevarán al pleno de mañana este asunto.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que las denuncias policiales se han incrementado así como los decomisos de artículos. Y añaden que ahora hay una estrategia clara a corto, medio y largo plazo con soluciones de reinserción social y laboral. A su juicio, los resultados no son inmediatos pero sí visibles.

El convenio de la discordia

El PP quiere que el Ayuntamiento deje sin efecto el convenio firmado con los manteros y que asciende a casi un millón de euros para dedicar el montante a los centros de servicios sociales.