El Gobierno impedirá que el 9-N se usen recursos o edificios públicos

Hasta ahora el Gobierno ha jugado todas sus cartas contra la consulta del 9-N en el terreno jurídico. Si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, opta por la política de hechos consumados, el margen del Ejecutivo se acorta en el terreno legal, pero tendrá que moverse para garantizar que se cumple el mandato del Tribunal Constitucional (TC) «de suspender el referéndum de autodeterminación», se enmascare como se enmascare desde el punto de vista jurídico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es partidario de seguir siendo moderado en las formas y en el discurso; y si de él depende, evitará el cuerpo a cuerpo con Mas, «siempre que sea posible hacerlo dentro del respeto a la ley», precisan en su entorno.

A día de hoy, en Moncloa sostienen que no quieren anticiparse a ningún escenario, y siguen confiando en que el presidente de la Generalitat no mantenga la consulta y se atenga a las consecuencias que se derivarían de la desobediencia y del hecho de que se abran colegios o institutos para colocar las urnas. Ahora bien, aunque no quieren anticiparse a lo que puede estar por venir, en el Gobierno tienen meridianamente claro que si se empeñan en no acatar la decisión del TC y, por ejemplo, abren colegios para que se coloquen urnas, las Fuerzas de Seguridad del Estado garantizarán que no se utilize ningún recurso público ni edificio público «para una votación que ha sido suspendida por el Alto Tribunal». Es decir, que la Policía intervendría si se habilitan colegios electorales para colocar las urnas. «Es posible que intenten algún numerito, y entonces habrá que velar por que se cumpla la ley y garantizar que se cumple», sentencian fuentes del Ejecutivo.

En Moncloa hay tensión ante los días que quedan de aquí al 9-N. Se ha llegado a un punto en el que las previsiones han ido saltando por los aires ante la tenacidad de Mas por mantener vivo el desafío. Hay quienes consideran que todo es un acto más de una precampaña electoral que, aunque formalmente no esté convocada, está ya en la agenda de todo el bloque independentista. Pero también hay quienes temen que antes de esa campaña Mas esté dispuesto a convertir el sainete en un drama que obligue al Gobierno a tomar decisiones que siempre ha querido evitar para intentar no echar más leña al fuego rupturista que se alimenta desde la Generalitat.

Al margen de lo que ocurra de aquí al 9-N, estando el balón en el tejado del líder de CiU y de ERC, el día después de esta fecha simbólica empezará una nueva partida en la que Rajoy se moverá en función de donde haya dejado la pelota Artur Mas. «Ahora toca velar porque se cumpla la ley, y en función de cómo queden las piezas en el tablero después del 9-N habrá que ver qué margen hay para la política y para el diálogo», sentencian en Moncloa. Después del próximo domingo el Gobierno y el PP reactivarán su agenda de actos y de presencia en Cataluña. Y retomarán también con fuerza el discurso pedagógico sobre las consecuencias del camino que ofrece Mas a los catalanes. «No hay que dejar de explicar que lo que Mas les está proponiendo es sacarles del euro. Así de sencillo, y así de duro», explica un alto cargo del Gobierno de Rajoy.