Castilla y León

El Govern activa la vía judicial contra el Gobierno por la financiación

El ejecutivo catalán autoriza acciones legales para reclamar 1.317 millones de euros en los tribunales

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (d), junto al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès (c) y la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (i), durante la primera reunión del ejecutivo catalán, celebrada tras el paréntesis estival, en la que se podría acordar llevar al Gobierno a los tribunales para reclamarle el pago de 874 millones de euros pendientes, en el inicio de un curso político marcado por la sentencia del juicio del procés.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra (d), junto al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès (c) y la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (i), durante la primera reunión del ejecutivo catalán, celebrada tras el paréntesis estival, en la que se podría acordar llevar al Gobierno a los tribunales para reclamarle el pago de 874 millones de euros pendientes, en el inicio de un curso político marcado por la sentencia del juicio del procés.larazon

El ejecutivo catalán autoriza acciones legales para reclamar 1.317 millones de euros en los tribunales

La primera reunión del Govern tras el parón estival ha servido para activar el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno por la financiación, que ya anunció la semana pasada el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para reclamar 1.317 millones de euros –874 corresponden a la actualización del sistema de financiación y 443 a la modificación en la contabilización del IVA de 2017-.

Según ha explicado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en la rueda de prensa posterior, hoy se ha autorizado el recurso y durante los próximos días se hará efectivo, aunque todavía queda por determinar en qué tribunal se presentará. Budó ha aclarado de que no habrá “actuación conjunta” con el resto de autonomías, después de que Aragonès se abriera a esa posibilidad, pero sí ha habido comunicación con algunas de ellas y tiene constancia de que dos gobernadas por el PP -Castilla y León y Galicia- también barajan impulsar acciones legales.

Budó, en todo caso, ha reiterado que “no es justificable” que el Gobierno se escude en la ausencia de presupuestos para no entregar el dinero correspondiente. En este sentido, ha considerado que las transferencias son un mero “acto administrativo” y no precisan de unos presupuestos. Ante la falta de este dinero, Aragonès sostiene que ha tenido que ordenar recortes de un 6 por ciento con respecto al gasto previsto en las distintas consellerias y empresas públicas, aunque no afecta a servicios sociales básicos, nóminas o subvenciones ya previstas, según concretó.

También, según ha explicado la portavoz, durante la reunión se han abordado otros aspectos candentes. Entre ellos, las recientes palabras del president, Quim Torra, quien la semana pasada abogó por la “confrontación” con el Estado. Budó ha especificado que “quiere decir afrontar políticamente un problema que es político”. “Significa no aceptar ninguna sentencia que no sea absolución. Esto es compatible con el diálogo”, ha agregado. En las últimas horas y ante la proximidad de la Diada, los dos partidos del Govern han acercado posturas y han alineado discurso para evitar la imagen de división y enfrentamiento.

La portavoz del Govern también ha alejado el adelanto de las elecciones tras la sentencia, un escenario que suscita mucha división en el seno del independentismo. Ha asegurado que en la reunión se ha hablado de ello y ha precisado que “no hay escenario en estos momentos que nos haga pensar que tras la sentencia haya elecciones”. De hecho, ha argumentado que durante las próximas semanas se van a intensificar los trabajos para aprobar los presupuestos de 2020.