El Govern venderá viviendas sociales para obtener ingresos extraordinarios

La reciente presentación del proyecto de los presupuestos de la Generalitat de 2014 dejó un gran interrogante: ¿Cómo conseguirá el Govern los 2.318 millones de euros previstos en las cuentas en concepto de concesiones y ventas de patrimonio? La elevada cifra fue cuestionada de inmediato por la oposición, la Cámara de Comercio de Barcelona y otras organizaciones empresariales. Pero el Govern la sostiene y, de hecho, ya ha comenzado a explicar en qué consiste su venta masiva de activos tras varios días resistiéndose. Entre otras cosas, la Generalitat prevé vender vivienda social, un ámbito donde podría cerrar miles de operaciones puesto que el Incasòl es titular de 14.000 viviendas sociales.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, trató de matizar las intenciones de la Generalitat para no dar pie a las críticas por desprenderse de este tipo de patrimonio. «Si ahora se abre una reflexión sobre cómo podemos optimizar nuestros activos, que generen un cierto rendimiento económico, es evidente que los rendimientos que obtengamos de la venta de viviendas deben servir para volverse a invertir en vivienda», afirmó Vila para proyectar la idea de que la Generalitat no dejará de ofrecer pisos a bajo coste para los colectivos que más lo necesitan.

Según el conseller, el parque de viviendas de la Generalitat «está a menudo secuestrado, porque las familias que están llevan décadas viviendo e, incluso, muchas querrían acceder al régimen de propiedad y no pueden» porque el Govern lo tiene «parado».

Sea como fuere, los planes de la Generalitat para obtener ingresos extra –la fórmula que defiende Artur Mas para no tener que realizar nuevos recortes– siguen suscitando muchas dudas. En un principio, la administración catalana cuenta con obtener 1.454 millones por concesiones y otros ingresos patrimoniales, cifra a la que hay que sumar otros 864 millones derivados de otras ventas de activos.

Aunque la Generalitat se niega a desglosar sus estimaciones con mayor concreción, se da por hecho que recurrirá a la privatización de las 452 depuradoras que tiene en sus manos, así como a la venta de terrenos del Incasòl.

Sólo así, argumenta el Govern, es posible no tener que volver a realizar tijeretazos sobre las políticas sociales. La oposición ha criticado de forma unánime unas cuentas que tacha de «ficticias» porque la previsión de ingresos se basa en estimaciones infladas, pero el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, sostiene que de esta manera logrará cumplir con el objetivo de déficit del 1 por ciento en 2014.

Según la coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, el Govern pretende «descapitalizar» el país y de tratar «de hacer negocio con lo que es de todos los ciudadanos». «Tenemos un Govern que por un lado habla de construir un país nuevo y estructuras de Estado, y en cambio lo que hace es vender el país», dijo.