El juez investiga a ediles del PSC y ERC de Pineda por coacciones a la Policía Nacional tras el 1–O

El juez admite una querella de la Fiscalía que denuncia presiones para que los agentes dejaran sus hoteles.

Un juez de Arenys de Mar investiga a tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar, del PSC, a una concejal de ERC y también al jefe de la Policía Local, por supuestamente coaccionar a los dueños de los hoteles de esta última población que alojaron a unos 500 agentes de la Policía Nacional. Estos efectivos fueron destinados a Cataluña tras el referéndum ilegal del 1–O.

El objetivo de estas presuntas acciones, que contaron con un importante respaldo popular, era expulsar a los agentes de sus hoteles. Concretamente, la querella se dirige contra los tenientes de alcalde Carme Aragonès, Jordi Masnou y Silvia Biosca (PSC), la concejal Mònica Palacín (ERC) y el citado policía, Carles Santacreu, todos acusados de un delito de coacciones.

La querella fue interpuesta por el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, y se les acusa de presionar a la cadena hotelera Checkin para que expulsaran a los agentes, con supuestas amenazas de cierre de sus establecimientos durante cinco años. Además, hubo varias protestas populares, por lo que finalmente los agentes fueron expulsados de los hoteles el 3 de octubre.

En su auto, el juez acuerda abrir diligencias por un delito de falsedad en documento oficial, y otro de coacciones contra los querellados, y acuerda citarles a declarar como investigados. La Fiscalía sostiene que los querellados acudieron la noche del 2 de octubre al hotel Checkin Mont Palau de Pineda, «con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena, prevaliéndose de la autoridad a la que representaban, para lograr la expulsión de los funcionarios allí alojados», pese a que tenían habitaciones reservadas.

Siempre según la Fiscalía, la dirección de los hoteles respondió que los agentes tenían reserva hasta el día 5, pero Masnou advirtió al gerente de que, «si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente, e iba a estar cerrado cinco años».

El mismo gerente, sostiene el fiscal, «impulsado por el temor a posibles y creíbles represalias», redactó una carta en la que decía que comunicaba que se veía obligado a esta expulsión.