El operativo informático de la consulta del 9N se ultimó tras la suspensión del TC

El proceso judicial por la pseudo consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 sigue adelante, y ayer les tocó el turno para declarar ante el juez a dos informáticos, de la empresa T–Systems. Fueron contratados por la Generalitat, y admitieron que instalaron la aplicación informática usada en la votación tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), y aseguraron que ésta se confeccionó con callejeros, pero no con bases de datos personales.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el que era responsable de coordinar los trabajos de la empresa para la Generalitat, y otro informático de la compañía, explicaron que instalaron un aplicativo en los más de 6.000 ordenadores usados en la consulta, lo que costó casi 700.000 euros.

Dos testigos

Ambos declararon como testigos en un proceso en el que están imputados el ex president de la Generalitat, Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera de Enseñanza Irene Rigau.

La Fiscalía había pedido citar a estos dos testigos porque, según un informe de la empresa, el encargo de este aplicativo había hecho el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (Ctti), dentro del proyecto «Invictus», que impulsó la conselleria de Presidencia, y estaba encaminado a crear dos bases de ciudadanos.

El Ministerio Público pretendía aclarar si la empresa siguió adelante con los encargos relacionados con el 9–N, tras la suspensión, y si utilizó bases de datos personales públicas –registro de asegurados del Servei Català de la Salut y del Registro de Población de Cataluña– para elaborar las aplicaciones informáticas usadas en la votación.

Los técnicos de T–Systems reconocieron que apuraron al máximo los plazos de ejecución del encargo, de forma que instalaron en los ordenadores portátilesusados para la votación entre el 7 y 8 de noviembre, días después de que el TC suspendiera la consulta independentista.

Además, reconocieron que técnicos de la empresa trabajaron la jornada del 9–N para asesorar a los voluntarios ante las incidencias que pudieran surgir durante la votación y permanecieron de guardia por si era preciso que actuaran para repeler ataques informáticos a la web de la votación. Según consta en el sumario, el mismo día en que se suspendió el 9–N, T–Systems envió una carta a la Generalitat para saber si debía seguir adelante con sus gestiones para la votación, a lo que el Gobierno catalán le respondió el 7 de noviembre que, consultados los servicios jurídicos de la Generalitat, ninguna de las actividades del encargo resultaban «explícitamente afectadas» por la resolución citada del Tribunal Constitucional.