El Palau exculpa a CDC del expolio y pide 81 años de cárcel para Millet

a institución busca el máximo resarcimiento de los más de 30 millones sustraídos

El pasado mes de julio se cerró la instrucción del caso Palau. Con todas las cartas sobre la mesa, la institución, que ejerce como acusación particular, afirmó ayer que pedirá 81 años de cárcel para Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull como responsables directos del expolio de 30.530.611 euros. La voluntad de la demanda es conseguir el máximo resarcimiento del patrimonio sustraído de 2002 a 2009. Además, piden penas de cárcel a otras doce personas, incluidos 15 años para las mujeres de Millet y Montull, no imputadas en la instrucción. También exigirán a Laila y Clara Millet, hijas del antiguo dirigente del Palau, 514.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo.

Sin embargo, en sus diferentes demandas, el Palau ha decidido no mencionar a Daniel Osàcar y Jaume Camps, cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ni a la empresa Ferrovial, todos imputados por los 5,1 millones de euros de comisiones ilegales que el juez cree que recibió Convergència de la constructora a través del Palau a cambio de la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de Pujol.

Lucha por el patrimonio

Según los responsables de la institución, no está suficientemente probado que el partido recibiese comisiones ilícitas y, en cualquier caso, no hay relación directa entre el partido y el patrimonio sustraído de la institución. «Nos hemos limitado a estrictos criterios jurídicos. No estamos exculpando a nadie, sino defendiendo nuestro patrimonio. Nuestro objetivo se centra en recuperar el máximo posible», aseguró ayer Carles Cuatrecasas, secretario segundo del Orfeó Català y portavoz del proceso penal.

Javier Zuloaga, abogado penalista de Price Waterhouse Coopers, bufete que lidera la estrategia del Palau, afirmó que, en cualquier caso, la institución se reserva el derecho de tomar acciones expresas si en un futuro quedan probados los hechos contra Ferrovial y CDC. Aseguró que, de momento, se ha separado el proceso penal y el civil, que será posterior, y por tanto siempre tendrán tiempo de rectificar. «Defendemos los intereses del Palau y los posibles delitos de determinadas administraciones públicas no afectan directamente al Palau», dijo Zuloaga.

De momento, la institución ha conseguido recuperar 6 millones de euros. Desde que empezó la instrucción hace cuatro años, los imputados han devuelto 5.489.573 euros. A esto hay que añadir el dinero que se ha comprometido a devolver la Fundación Trias Fargas, actual CatDem, también del entorno de Convergència, y que asciende a 630.655 euros. En los próximos ocho años pagarán 70.000 euros anuales. Por su parte, Àngel Colom, actual secretario de inmigración de CDC, también se ha comprometido a devolver 75.000 euros, a razón de 7.500 euros anuales. De momento, ha devuelto 22.500 euros.

Tanto la junta del Orfeó Català, como el patronato del Palau, ratificaron ayer la estrategia a seguir como acusación particular, con doce votos, uno negativo y cinco abstenciones el primero y doce favorables y cuatro abstenciones el segundo. «Desde hace cuatro años trabajamos para restaurar al Palau como símbolo de la cultura, la música y el canto coral. El daño patrimonial y moral de los antiguos gestores ha sido enorme», afirmó Montserrat Carulla, presidenta del Palau.

Además de Millet y Montull, también exigen nueve años para Rosa Garicano, antigua directora general o doce a Elisabet Barberà, secretaria de Millet.