Falcó será el tercer diputado de CiU que declara ante el juez en dos meses

La imagen de un diputado de CiU acudiendo a los juzgados para dar explicaciones por un escándalo de corrupción comienza a ser habitual. Lo hizo el pasado 12 de marzo Xavier Crespo por el caso Clotilde, continuó Oriol Pujol el 17 de abril y, en breve, será Ferran Falcó quien tome el relevo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo citó ayer para declarar el próximo 22 de mayo como imputado por el caso del 3 por ciento, centrado en el presunto cobro de cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública.

De todos los escándalos mencionados, el del 3 por ciento –nombre que recibió tras la acusación de Pasqual Maragall a CiU– es el que se arrastra desde hace más años. «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3 por ciento», le dijo Maragall, siendo presidente de la Generalitat, al líder de CiU, Artur Mas, en una sesión parlamentaria del año 2005. A partir de ahí, la Fiscalía presentó una querella que dio pie a una investigación judicial para determinar si la Generalitat había exigido mordidas a cambio de contratos relacionados con la obra pública.

Las viviendas de Adigsa

Falcó fue presidente entre 2002 y 2004 de Adigsa, la extinta empresa que gestionaba las viviendas sociales en Cataluña y que, sobre todo, adjudicaba contratos de rehabilitación. El nombre de Falicó no tardó en incorporarse a la investigación a raíz de la denuncia del constructor Juan Antonio Salguero, quien aseguró haber pagado comisiones de hasta el 20 por ciento. Según explicó al fiscal, Adigsa no le abonó uno de sus trabajos porque no lo contrató a través de José María Penín –pariente lejano del conseller Felip Puig–, quien ejercía supuestamente como intermediario de esta trama.

Después de las elecciones autonómicas de 2010, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, que ya había completado la investigación, se vio obligado a inhibirse a favor del TSJC porque Falcó –al que había imputado– logró la condición de aforado como diputado electo de CiU. Hoy en día mantiene el acta, la cual compatibiliza con su papel como líder municipal de los nacionalistas en Badalona.

En la causa está imputadas ocho personas, entre cargos públicos, constructores e intermediarios, acusados del supuesto cobro de comisiones ilegales de hasta el 20 por ciento en obras en viviendas protegidas adjudicadas por Adigsa durante los gobiernos de Jordi Pujol.

Cabe recordar que el juez de instrucción dio por terminada la investigación del caso en el año 2007, en un auto en el que apreciaba suficientes indicios para acusar a los imputados de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.

Falcó recurrió el auto del instructor alegando que le había denegado una prueba pericial de su interés, por lo que la Audiencia obligó en 2007 al juez a reabrir la investigación y a encargar esa nueva diligencia. Esta prueba no resultó concluyente.