La calle se organiza para frenar la «Ley Aragonés», que permitiría privatizar servicios básicos en Cataluña

El Govern pretende regular la contratación a terceros en educación, sanidad y servicios sociales, pero entidades y sindicatos temen la privatización de servicios básicos

A la vuelta del verano, al gobierno de Quim Torra le espera un inicio de curso movido. Hace meses, desde que el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, anunció que está trabajando en una ley para regular la contratación a terceros en áreas delicadas como la sanidad, la educación y otros servicios sociales, que algunos ciudadanos a título individual, entidades y sindicatos se están organizando para frenar el proyecto.

El Govern sopesa que la ley, una de las pocas en las que está trabajando, podría salir adelante en septiembre. Pero un buen puñado de entidades sociales están dispuestas a pelear para quemarla ante la conselleria de Economía, como hicieron con la llamada «Ley Comín», antes de que vea la luz. Pese a que algunos servicios sociales ya están externalizados, los movimientos sociales en pie de guerra alertan de que la ley abre la puerta a privatizar más servicios básicos de los que ya se gestionan actualmente. Hablan de «peligro», de «chapuza», de «error» y de «horror». Porque temen que al pasar de una gestión pública a una gestión privada se priorice el beneficio económico por delante de la calidad del servicio y se precaricen los trabajos.

No van a esperar a septiembre para movilizarse. «La lucha empieza ya, en la playa, de sombrilla en sombrilla, voy a contar lo que el Govern está preparando», avisa Enric Feliu, de la plataforma Marea Blanca, muy activa contra los recortes de la era Artur Mas, especialmente en la sanidad pública. Feliu participó el pasado 10 de julio en un encuentro de entidades sociales y vecinos para organizar su plan de lucha. Tienen ya lema «Aturem la #LleiAragonés» y una cita ineludible, el 5 de Octubre, en el Parc de la Ciutadella, han convocado a toda la ciudadanía para decir no a la ley de contratos de servicios a las personas. Pero para que el parque se llene, antes tienen que explicar en qué consiste y por qué quieren que vuelva «al cajón de los horrores».

El sindicato CGT avisa de que hasta ahora, el proyecto de ley ha pasado desapercibido y no ha llegado al conocimiento de la opinión pública, «pese a las gravísimas consecuencias que puede traer». Teme que las privatizaciones traigan consigo trabajos más precarios y un mayor beneficio para las empresas a costa de los impuestos de todos.

Feliu se ha entretenido en contar los servicios que el artículo 5 del proyecto de ley dice que son susceptibles a externalizarse, un total de 256. Aunque matiza con sorna que «por si se olvidaron alguno, al final del capítulo añade “y otros”».

Educación

En el ámbito educativo, Belén Tascón de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cataluña (Fapac), el proyecto habla de abrir las puertas a la privatización de la educación de 0 a 6 años; los servicios de educación especial; los servicios de educación para adultos; la tutoría, aunque por ahora no se sabe si afectaría a la tutoría que se imparte en horario lectivo, y otros, palabra que de nuevo preocupa por su ambigüedad.

Atención Domiciliaria

CGT, Marea Blanca, la Fapac, Marea Pensionista y No más precariedad están en contra de que servicios tan básicos acaben en manos privadas. No se creen al departamento de Economía cuando explica que la ley fija que el precio que ofrece una empresa para prestar un servicio no debe ser un criterio preponderante a la hora de adjudicar, que las empresas no puedan rebajar sin ton ni son las ofertas, que obliga a cumplir los convenios de los trabajadores y permite que los empleados no pierdan su trabajo aunque el servicio cambie de manos.

Porque la experiencia les habla de precarización. Pilar, una de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria de Sant Feliu de Llobregat, explica cómo han cambiado sus condiciones laborales.

Desde que el municipio privatizó la atención domiciliaria a las personas mayores, ha cambiado de empresa en más de una ocasión. Ahora, con Clece, la empresa de servicios integrales de Florentino Pérez, cuenta que no pueden hacer más de 37 horas, lo que equivale a un sueldo de unos 900 euros al mes. Sin embargo, «de las 90 trabajadoras en plantilla, sólo cinco hacen este horario, el resto no llega a los 600 euros al mes». Y añade que «hay compañeras que llevan ocho años enlazando contratos de obra y servicio y que la empresa no facilita que las trabajadoras tengan contacto entre ellas». Hace poco tuvo un encuentro con Pere Aragonès para trasladarle todas estas quejas y el conseller le aseguró que la ley se hacía para ellas, para poner control a los contratos.

Enmiendas políticas

La ley de contratos de servicios a las personas está pensada para estructurar la externalización de los servicios públicos. Se encuentra en fase de alegaciones parlamentarias y aunque reduce el precio del precio en la adjudicación, sus detractores alertandel peligro de abrir la puerta a privatizar servicios básicos. Los comunes piden su paralización, el PSC ha presentado 70 alegaciones y hasta ERC y JxCAT tienen enmiendas porque han visto errores técnicos.