Barcelona

La CUP amenaza a JxSí con romper el pacto de estabilidad

Aprueba una enmienda que insta a «liberarse» del acuerdo porque no ve pasos hacia la ruptura

Los diputados de la CUP Antonio Baños (d), Anna Gabriel (c), y Benet Salellas (i).
Los diputados de la CUP Antonio Baños (d), Anna Gabriel (c), y Benet Salellas (i).larazon

La CUP considera que este acuerdo es un obstáculo para que el partido pueda ampliar la base independentista de izquierdas.

¡Menudo susto dio ayer la CUP a Carles Puigdemont y su gobierno! Mientras el president de la Generalitat disfrutaba de la dulce resaca del «supersábado» convergente en Barcelona, a 43 kilómetros, en Esparraguera, la Asamblea Nacional de la CUP aprobaba la ponencia política que marcará su futuro estratégico y que incluye un enmienda que propone «deshacerse» del acuerdo de estabilidad con Junts pel Sí.

La enmienda, que presentó la asamblea local de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), alega que el acuerdo que firmaron Junts pel Sí y la CUP para facilitar la investidura de Carles Puigdemont, garantizar la estabilidad parlamentaria y fortalecer la acción de gobierno durante esta legislatura es una «cárcel» para los antisistema. Además de ser «un obstáculo para ampliar la base independentista de izquierdas», la CUP reprocha al gobierno de Junts pel Sí que no ha dado pasos en firme hacia la ruptura con el Estado.

Pese a que la enmienda hizo saltar las luces de alarma, el miembro del secretariado nacional, Xevi Generó, calmó los ánimos. Matizó que por ahora la enmienda sólo hace un llamamiento, por lo que no se traduce en una ruptura inmediata. Sin embargo instó al gobierno a no bajar la guardia. «A día de hoy no se han hecho pasos firmes hacia la ruptura y esto hay que revertirlo», advirtió. Generó instó a Junts pel Sí a «ponerse las pilas en el proceso de ruptura con el Estado». Llamó a la coalición a desplegar la declaración y el anexo de la declaración rupturista del 9-N y envió un mensaje concreto a los sectores de Convergència que pensaban que «estabilidad» quería decir «no favorecer esta ruptura con el Estado».

Por ahora, no habrá cambios en la relación que Junts pel Sí y la CUP mantienen en el Parlament. Negociarán punto por punto casa moción y propuesta del Parlament de Cataluña. Pero si no hay gestos por parte de Junts pel Sí de avanzar hacia la ruptura, quienes podrían romper son ellos.

La ponencia política de la CUP sitúa la necesidad de forzar un referéndum unilateral de independencia como máximo en enero de 2017. También avisa de que no apoyará los presupuestos de la Generalitat si no plantean «una desobediencia clara y frontal» a las imposiciones del Estado, así como una reversión de las privatizaciones y los recortes aplicados en la era Artur Mas.

Este toque de atención de la formación feminista llega apenas dos días antes de que el gobierno de Puigdemont, previsiblemente, presente el proyecto de presupuestos. Unas cuentas que antes de presentarse han generado ya disputas entre CDC y ERC. Junqueras avanzó que estaba estudiando la idea de subir el IRPF a las rentas altas –de más de 110.000 euros–, para compensar una rebaja a las rentas más bajas. A CDC no le gustó la idea de hablar de subir impuestos a las puertas de una campaña electoral. La CUP se alió con ERC y ajustó la propuesta de Junqueras, subir el IRPF a las rentas de más de 90.000 euros. Pero como CDC y ERC no lograron ponerse de acuerdo, dejan en manos del trámite parlamentario cualquier modificación en materia de política fiscal.

La negociación de los presupuestos entre JxSí y la CUP pondrá a prueba el acuerdo de estabilidad. En una reunión a puerta cerrada, ayer 800 miembros de la CUP analizaron también un documento organizativo donde se plantea el papel parlamentario que ha de tener la formación durante este negociación. Generó avanzó que perciben que la coalición ha rebajado su discurso más beligerante con el Estado en materia presupuestaria. Los antisistema piden unos presupuestos que visualicen la ruptura. Proponen incorporar impuestos suspendidos por el TC, previo recurso del Gobierno, como el que grava a las centrales nucleares, a los depósitos bancarios y a los pisos vacíos. Además de otras medidas incómodas para CDC, como la recuperación de donaciones.