La izquierda radical se ha hecho con el control de la política catalana: somete a JxSí en el Parlament con la amenaza de no aprobar los Presupuestos y obliga a Colau a retratarse frente a las algaradas callejeras que agitan

La Candidatura de Unidad Popular se ha convertido en el árbitro de la política catalana. En el Parlament, en el Ayuntamiento de Barcelona y en la calle. El 9 de noviembre, cuando la cámara catalana aprobó la resolución independentista, el lenguaje de las CUP fue asumido por el conjunto del soberanismo, de derecha a izquierda. A partir de ese momento, con la claudicación de una Convergència únicamente obsesionada por la investidura de Artur Mas y una Esquerra Republicana que espera sin hacer nada llegar al máximo poder, la izquierda independentista -de fuerte carácter antiglobalización y anticapitalista- se ha hecho con el cuadro de mandos de la política catalana. Hace valer su fuerza, pero, sobre todo, la CUP «no opone un discurso a otro, opone un mundo a otro, promoviendo un movimiento de masas capaz de sabotear el orden establecido». Después del 9 de noviembre, la CUP se cobró su primera pieza: la cabeza de Artur Mas. La CUP quiere sabotear el sistema, desestabilizarlo, y nada mejor que descabezar al que fuera líder del proceso soberanista. El ex presidente catalán firmó un acuerdo en el que en teoría ponía precio a su cabeza poniendo a la CUP de rodillas ante la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y del Gobierno de Carles Puigdemont. La semana pasada se puso luz y taquígrafos a lo que muchos analistas decíamos: la CUP nunca ha respetado el acuerdo, nació como papel mojado y el movimiento soberanista está «capado» a la espera de lo que decida la CUP.

Desde enero, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras decidieron ir paso a paso y poner sordina a los desplantes cuperos. En 62 ocasiones la CUP ha votado contra el Gobierno en el Parlament o lo ha puesto en la tesitura de enfrentarse convergentes y republicanos. La situación no revestía mayor importancia porque el Gobierno catalán se movía en el terreno de la inoperancia y de la apatía. Ninguna votación significaba nada para la estabilidad. Sin embargo, el tiempo pasaba sin que pasara nada y la CUP decidió el domingo pasado poner punto y final y empezar su particular «crónica de una muerte anunciada».

La asamblea de los cuperos celebrada en Esparragerra –a la que asistieron sólo 450 personas, muy lejos de aquellos 30.30 que empataron en Sabadell cuando decidían el futuro de Artur Mas– dio por rotas las hostilidades ante el próximo gran examen del gobierno de la Generalitat: los Presupuestos. El órdago del independentismo radical fue capeado con buena cara por ERC -su líder y vicepresidente económico, Oriol Junqueras, dijo que eran «unos socios fiables»- y con horror por Convergència Democrática. Horror que se dibujaba en un adelanto electoral casi inevitable y que pilla a la derecha nacionalista sin líder, sin programa y a punto de recibir un sonoro castigo en las generales del 26 de junio. Las palabras de Junqueras afirmando que sin presupuestos no eran necesarias elecciones porque los grandes números se podían prorrogar fue una especie de «mal de muchos, consuelo de tontos», que no tranquilizó a los dirigentes de Convergencia, sabedores de que sin presupuestos las tensiones entre ERC y CDC iban a reventar todas las costuras.

Hacia la inestabilidad

Frente al Palau de la Generalitat, al otro lado de la plaza de Sant Jaume, el Ayuntamiento de Barcelona tenía su propio vía crucis. Ada Colau ha tenido que soportar dos duras huelgas de metro y autobuses en Barcelona en las que no es ajena la mano de Josep Garganté, el concejal de la CUP de Barcelona y durante años dirigente de autobuses. La alcaldesa podemita se las prometía muy felices con su pacto con el PSC que sólo debía pasar el trámite de un acuerdo presupuestario exigido por los socialistas para entrar en el Gobierno. El aumento de presupuesto ascendía a 275 millones y la CUP se cobró de forma ostensible y pública su apoyo. A cambio de su apoyo, Colau debía hacer desaparecer la unidad antidisturbios de la guardia urbana y poner algunos millones encima de la mesa a gusto de la organización de extrema izquierda. Con este movimiento, la CUP demostraba su fuerza. No sólo el soberanismo está doblegado sino que la nueva izquierda representada por Ada Colau toma el mismo camino.

Así, desde el mes de enero las dos principales instituciones catalanas están en manos de la izquierda anticapitalista. Cualquier movimiento tiene que contar con su visto bueno, y el visto bueno de la CUP no pasa por la estabilidad del Gobierno, al contrario, pasa por la desestabilización, por «hackear» el sistema. No es una cuestión de números en la representación democrática, es cuestión de oponer «una forma de pensar a otra». En este ámbito, hay que entender la propuesta de la CUP de Manresa abogando por una nueva forma de salud femenina, con copas menstruales o las esponjas marinas, o la concepción de familia tribal expuesta por Anna Gabriel, la dirigente de mayor influencia en la CUP.

Esta semana, la CUP ha dado un paso más y se ha apropiado de la calle. La expropiación de un edificio okupado en el barrio de Gràcia ha hecho explotar a la CUP, que se ha echado de la calle y ha justificado la violencia. Es más, la CUP ha agitado esta violencia como se demuestra en los tuits que los cuperos retuiteaban las noches de las manifestaciones: «Estamos dentro, banco expropiado recuperado», «Quien siembra miseria, recoge rabia», y el cum laude, «La policía tortura y asesina». La CUP ha culpado a la Policía de la situación de violencia y ha justificado la alteración del orden público. Las imágenes mostraban vehículos destrozados, coches incendiados, paredes pintadas, mobiliario urbano en estado calamitoso.

Sin embargo, la CUP tenía claro que sólo importaba la «brutalidad de la acción policial». Este tuit lo dice todo: «La manifestación había recuperado el espacio y todo estaba tranquilo, pero los Mossos han preferido encender otra vez la cerilla». En la manga, su último as lo dirigieron a Carles Puigdemont: «Si quieres negociar los Presupuestos, debe ser cesado el jefe de los Mossos, Albert Batlle». Los cuperos han tenido su respuesta en las redes sociales. Los de Junts pel Sí se han tirado al cuello y han planteado la primera batalla en el seno del soberanismo ante de los presupuestos. En apenas una semana, la CUP ha dado una vuelta de tuerca hacía su charca: la inestabilidad.