La CUP presiona para no atar el referéndum a «la ley vigente»

Los anticapitalistas proponen un nuevo redactado en el proyecto de presupuestos para abrir la vía a la desobediencia.

La política catalana entró oficialmente el martes en un nuevo culebrón: el de los presupuestos. Y es que pese a que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, niega estar «secuestrado» por la CUP, los anticapitalistas se han convertido en su único aliado para aprobar las cuentas –el Govern no se ha abierto a buscar a ningún otro socio–. Es decir, con el actual escenario político catalán y la correlación de fuerzas, su «referéndum o referéndum» se puede adaptar con un «CUP o CUP».

Pese a que los cuperos emplearon un tono bastante suave defendiendo su apoyo a las cuentas en el debate a la totalidad, en las enmiendas que presentaron ayer empezaron a enseñar los dientes. Así, en la famosa disposición adicional 31 del proyecto de Ley de Presupuestos del Govern que habilita partidas para el referéndum de autodeterminación, la CUP ha presentado una enmienda de supresión en la que piden retirar del redactado que la consulta se celebraría «en el marco de la legislación en el momento de su convocatoria». Una petición de aparente valor simbólico y ornamental, pero con relevancia, ya que supondría dar luz verde a una convocatoria sin cobertura legal, lo que vendría a provocar una colisión de estrategias: el Govern siempre ha defendido ir de «ley a ley» mientras que los cuperos han apelado a la «desobediencia» para avanzar en el proyecto rupturista. Por lo tanto, los anticapitalistas están reclamando al ejecutivo de Puigdemont que se adhiera a su estrategia.

Este serial presupuestario que vive el marco político catalán, tiene ya fijada la fecha para el desenlace: la CUP reunirá el próximo 28 de enero a su Consejo Político y Grupo de Acción Parlamentaria para deliberar si dan el «sí» final a las cuentas –cuyo debate final está previsto para el 8 o 9 de febrero–. Su celebración vendrá después de una presumible tensa disputa: la de las cesiones y renuncias entre unos y otros, y de la que parten desde posiciones bastante distantes.

De esta manera, y en paralelo al debate de la Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público –conocida como la ley de acompañamiento presupuestario en la que la CUP pide modificaciones fiscales para mejorar la recaudación–, los anticapitalistas plantearon reorientar 760 millones de euros a «políticas sociales». De estos fondos, 626 millones irían destinados a 11 programas presupuestarios nuevos. De entre ellos, los cuperos destacan uno, que se dota con 293,9 millones para la reversión de externalidades y que desglosan de la siguiente manera: 54,1 millones a educación, 454 millones a renta garantizada de ciudadanía –que podría generar tensiones con el PDECAT ya que no ve bien la propuesta porque no está por la «cultura del subsidio»–, 41 millones a vivienda pública de alquiler y 180,6 millones a fomento del cooperativismo.

Entre las medidas para conseguir ese dinero, la CUP plantea reducir el 19 por ciento de las retribuciones complementarias de los altos cargos y cargos de confianza: «Solo con esto se rescatan tres millones». Los cuperos también piden «mayor control de las políticas de aval de la Generalitat» y que sea el Parlament quien autorice avales superiores a 10 millones de euros, y entre ellos reclama que no se firmen algunos como el concedido al Formula One Group de Bernie Ecclestone por 21 millones de euros –carrera de Fórmula 1 en Montmeló–. Esta última petición, de marcada carga ideológica, ya que justifican como una de esas partidas «significativas, no en cantidad, sino por lo que representan de políticas neoliberales y de mantenimiento de privilegios»

El Govern y la CUP tendrán hasta finales de enero para confeccionar unas cuentas que satisfagan a ambos.