La Generalitat no tocará «ni una coma» del modelo de inmersión

El viernes lo avanzó la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, apenas unas horas después de trascender la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a cinco colegios a impartir un mínimo del 25 por ciento de clases en castellano a ocho alumnos que lo han pedido: La Generalitat recurrirá y no hará caso a los fallos judiciales. Y ayer, el gobierno catalán al unísono confirmó que no se tocará «ni una coma» del modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas.

Lo anunció el portavoz Francesc Homs tras la reunión semanal del consejo ejecutivo en el Palau de la Generalitat. Los doce consellers y el president Artur Mas cerraron filas en torno a Rigau. Respaldaron la decisión de la consellera de recurrir los cinco autos del TSJC, defender el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas y respetar la Ley de Educación de Cataluña (LEC). En defensa del sistema de enseñanza catalán, Homs alegó que «es un modelo que garantiza la cohesión social» y que «nos hemos ganado democráticamente».

Acción, reacción

Para evitar dar cumplimiento a esta última decisión judicial, Homs explicó que el gobierno catalán presentará todos los recursos pertinentes. Está dispuesto a pelear con uñas y dientes para defender un modelo de educación, el de la inmersión lingüística en catalán, que funciona en Cataluña desde hace 30 años. La novedad de los nuevos fallos judiciales respecto a anteriores sentencias del mismo TSJC, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo es que antes se emplazaba a la Generalitat a garantizar que el castellano fuera lengua vehicular junto al catalán para los alumnos que lo solicitaran y ahora el tribunal impone una cifra, que como mínimo el 25 por ciento de las asignaturas se imparta en castellano. Y la impone a los directores de las cinco escuelas donde estudian los alumnos que han pedido que el castellano sea lengua vehicular.

Cuatro de estos colegios están vinculados a órdenes religiosas cristianas: las Escuelas Pías de Sarrià-Calassanç y Mare de Déu del Roser, en Barcelona; Escuelas Pías de Sant Josep de Calassanç, en Sabadell, y Sant Bonaventura Franciscans, en Vilanova i la Geltrú.

En nombre de estos colegios, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), que agrupa a 401 centros católicos, anunció que apoya la estrategia de Rigau. Las escuelas cristianas de Cataluña calificaron la decisión judicial de «inaudita», expresaron su «sorpresa y preocupación», y afirmaron que no tienen la intención de mover ficha para cambiar el modelo de inmersión lingüística vigente.

A través de un comunicado, la fundación denunció que «de manera inaudita, un tribunal de justicia se atribuye funciones pedagógicas y de organización curricular, hasta el punto de fijar el porcentaje de horas en castellano a impartir en las aulas donde haya un solo alumno que solicite la escolarización en esta lengua». Se compromete a respaldar a los directores de los centros afectados, porque «incomprensiblemente, lo que este tribunal exige a los directores de las cinco escuelas afectadas, contraviene la normativa educativa catalana y el carácter propio y el proyecto educativo de los centros formalmente aceptado por las familias que escolarizan a sus hijos».

De hecho, la Generalitat alega que de acatar la decisión judicial, los padres que defienden la inmersión podrían ir también a los tribunales.

Pero al PP no le convence ninguno de los argumentos a los que se aferra el gobierno catalán ni las escuelas cristianas. Uno de sus portavoces en el Parlament, Santi Rodríguez, censuró, en nombre del partido, que no se respeten las decisiones judiciales.