La remodelación de la sede de la Oficina Antifraude costó 1,6 millones

«Nunca he pedido nada: ni personal, ni dinero ni cambios legislativos», subrayó ayer el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, en una comparecencia en el Parlament. Este compromiso con la austeridad no puede ocultar, sin embargo, que se la Antifraude ha destinado 1,6 millones de euros a las obras de rehabilitación de su sede.

El dato forma parte de la memoria de 2012 que Daniel de Alfonso presentó ayer en el Parlament, donde explicó que el 31 por ciento de las denuncias que han recibido han sido enviadas por partidos políticos, mientras que casi la mitad, un 49,60 por ciento fueron aportadas por ciudadanos particulares.

Más denuncias

El director de la Antifraude defendió su actividad, que ha aumentado durante el primer semestre de este año , ya que se han ha recibido un 52 por ciento más de denuncias, en comparación con el ejercicio anterior.

De Alfonso cifró en casi 85 millones de euros el volumen económico que podrían significar todas estas denuncias. Esta memoria recoge que la dirección de análisis de la OAC recibió el año pasado un total de 145 denuncias, es decir, unas doce al mes.

De estas 145 denuncias recibidas en 2012, la OAC ha archivado un 53 por ciento, lo que representa una cifra muy similar a 2011 y 2010, cuando se desecharon el 55 y el 51 por ciento respectivamente, muy por debajo del 80 por ciento del primer año. Las instituciones más denunciadas han sido los ayuntamientos, con un 56 por ciento del total.

El 31 por ciento de las denuncias de 2012 fueron presentadas por partidos políticos. Dentro de ellas quien más utiliza esta vía es CiU (35 por ciento del total), seguido del PP (18 por ciento), mientras que ERC y ICV representan un 7 por ciento cada uno, y el PSC, un 4por ciento.

El director de la OAC explicó que del total de casos que ha investigado la oficina, once de ellos han acabado en Fiscalía, de los que el Ministerio Público no ha archivado ninguno. De Alfonso insistió en la necesidad de mejora de las regularizaciones «en materias de urbanismo y procesos de contratación pública».