Los asesores del Govern censuran el «excesivo incremento» de impuestos

BARCELONA- Los asesores del Govern en materia de trabajo económico y social han cuestionado con dureza la creación y modificación de tasas incluidas en los presupuestos de 2014. En su análisis de la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, más conocida como la ley de Acompañamiento, el consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (Ctesc) censuraron una decena de gravámenes.

«El Ctesc constata que en el anteproyecto de ley que se dictamina hay, en general, un incremento excesivo de las tasas y que en algunos casos la creación de nuevas tasas no está suficientemente justificada», señaló el organismo. Por poner algunos ejemplos, la Generalitat prevé cobrar siete euros a aquellas personas que soliciten una copia de su tarjeta sanitaria por pérdida, robo o deterioro. Sólo quedarán exentos del pago quienes soliciten la renovación para rectificar los datos personales, así como las personas que la cambien en las renovaciones periódicas que realiza la Administración catalana.

También los camiones estarán sujetos a un nuevo canon, la denominada euroviñeta. Todos aquellos vehículos pesados que circulen a partir del año que viene por la C-25 que enlaza los puntos de la A-2 que pasan por Cervera y Caldes de Malavella en función de los quilómetros que realicen y de la categoría a la que pertenezcan por emitir CO2. Según el Govern, lo recaudado se destinará al mantenimiento de las infraestructuras viarias.

Otra tasa de nueva creación es aquella que gravará la mediación de los conflictos laborales de la Generalitat. Las empresas que requieran de estos servicios deberán asumir un pago de 300 euros. El impuesto ascenderá a 800 euros cuando la administración deba emitir un laudo arbitral en caso de discrepancias relativas a la inaplicación de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo. La Generalitat busca con este nuevo impuesto financiar estos servicios, muy demandados hoy por hoy dada la situación económica. Sobre este punto, por ejemplo, el Ctesc censura su puesta en marcha y pide su supresión ya que limita el uso de los instrumentos extrajudiciales que, precisamente, tiene un menor coste.

Otro ejemplo, el organismo considera que «no queda justificada la eliminación de la obligación que tiene la Sindicatura de Cuentas de presentar en el Parlamento un informe anual de las entidades con un presupuesto superior a 150 millones de euros». Y, recalca: «Este informe permite al Parlamento un seguimiento de fiscalización externo y actualizado de la acción de gobierno».

El Ctesc señala que la ley de Acompañamiento presenta «carencias relevantes respecto a la necesidad y motivación de las propuestas que han de estar sustentadas por un plan de viabilidad económico». Además, apunta la importancia de tener en cuenta, para algunas tasas, la capacidad económica de los sujetos.