Los desahucios se duplican en un año en Barcelona

Generalitat, Consistorio y TSJC acuerdan revisar y mejorar los protocolos en este ámbito.

Es bien sabido que los desahucios es uno de los asuntos que más preocupa al Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau. La alcaldesa mantuvo ayer una reunión con el conseller de Justicia, Carles Mundó, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos. El objetivo era actualizar los protocolos para este tipo de actos, una suerte de mayor coordinación entre todas las administraciones. Aparte de la citada Audiencia de Barcelona, también se incluyen la Generalitat y el Consistorio.

Colau señaló en su discurso que de enero a noviembre de este mismo año casi se han doblado los casos de desahucios en la ciudad, pasando de unos 1.100 a 2.191. La alcaldesa explicó que estas operaciones han afectado a más de 6.000 personas, de las que más de un tercio, un 35 por ciento, son menores de edad.

Insistió en su discurso en que se trata de un problema grave en la capital catalana, teniendo en cuenta los datos citados. Por otra parte, la alcaldesa incidió en en que ha cambiado el perfil de los desahuciados, recordando, además, que su ejecutivo ha incrementado los recursos contra los desahucios. El cambio del perfil se debe al pago de las hipotecas, aunque Colau insistió en que la prioridad es evitar los casos de desahucios en los protagonistas sean personas mayores, enfermas o menores.

Tanto la alcadesa, como el conseller de Justicia, Carles Mundó, como Barrientos, señalaron la necesidad de revisar el actual protocolo contra los desahucios. El objetivo es sortear las restricciones legales de cesión de datos que ahora impiden a los servicios sociales actuar antes de de que un desalojo sea inminente.

Cabe destacar que, en este punto, ni Barrientos ni Colau ni Mundó fueron muy concretos. Reiteraron que es necesario revisar el protocolo, y apelaron a otra reunión que tendrá lugar próximamente. En su mayor parte, todo depende de lo que se apruebe el próximo 21 de diciembre en el Parlament, precisamente sobre este asunto.

En la reunión se han estudiado fórmulas para dar solución a una de las principales deficiencias del protocolo: las restricciones de la Ley de Protección de Datos que dificultan que los juzgados puedan alertar a los Ayuntamientos de que un desahucio dejará en la calle a una familia vulnerable sin el consentimiento de los afectados, lo que impide a los servicios sociales intervenir con antelación suficiente para proporcionar una vivienda alternativa.

En ese sentido, los firmantes del protocolo se mostraron confiados en que la futura Ley de emergencia habitacional les ayude en sus intenciones mostradas.