Los independentistas llaman a boicotear los productos españoles

Catalunya Acció es una de las múltiples asociaciones cuya razón de ser es promover la independencia. Sus acciones no tendrían mayor repercusión si no fuera porque algunas, como denunciar a los establecimientos que no rotulan en lengua catalana, acaban provocando problemas legales, como demuestran las multas impuestas por la Generalitat a los comerciantes que apuestan por el español en sus negocios particulares.

Ahora, la asociación que encabeza Santiago Espot quiere dar una vuelta de tuerca en sus ataques a España y ha puesto el acento en uno de los terrenos que más enerva los ánimos independentistas, cuando el Gobierno realiza trámites para que los ayuntamientos cumplan con la legalidad. Ayer presentaron una campaña que promueve un boicot de los consistorios a los productos españoles. Ligan la iniciativa a lo que en el mundo independentista se ha querido bautizar como la «guerra de banderas». Solicitan a los ayuntamientos que han sido denunciados por el Gobierno por no colgar la bandera española –y por tanto incumplir la Ley de Banderas– a «responder con firmeza declarando que, a partir de este momento, ninguno de ellos comprará ningún producto español ni contratará servicios de una empresa española».

Los promotores apuestan por un lenguaje belicoso para promover la polémica iniciativa. «Si España y si virreina en Cataluña, es decir, la delegada del Gobierno, quiere una guerra de banderas, la tendrá. No rehuiremos el conflicto y utilizaremos todas las armas a nuestro alcance». Catalunya Acció también advirtió de que «si las ventas de sus empresas en Cataluña disminuyen, la responsable tiene nombres y apellidos: María de los Llanos de Luna», actual delegada del Gobierno en Cataluña.

Espot se rodeó del alcalde de Gallifa, Jordi Fornas, y el concejal del Ayuntamiento de Arenys de Mar Àlex Acero para presentar su campaña de boicot. Se da la circunstancia que Fornas hizo correr ríos de tinta por burlar la Ley de Banderas colgando un banderín con la enseña nacional en la fachada consistorial y dejando los mástiles para la bandera catalana y la independentista. Tanto Gallifa como Arenys se han unido a la campaña que, según Espot, puede interesar a «un centenar» de ayuntamientos.

La Delegación del Gobierno en Cataluña nunca publicita si toma medidas para que los ayuntamientos cumplan con la legalidad y suelen ser los alcaldes quienes airean los requerimientos y las denuncias de las que son objetivo si incumplen los artículos 4 y 6 de la Ley de Banderas.

Dependencia comercial

Llamar al boicot simpre contraproducente y especialmente delicado ahora con unas consecuencias difíciles de calcular en un momento en que los ánimos están templados. La pasada semana, el Consejo Regulador del Cava explicó que las ventas del vino espumoso habían descendido el pasado año en España por la crisis y el «boicot latente» derivado del proceso independentista. En concreto, las ventas de cava bajaron en el territorio nacional un 6,28 por ciento, aunque en global se vendió un 15 por ciento más debido al aumento de las exportaciones en el extranjero.

Cataluña tiene una fuerte dependencia comercial del resto de España. La actividad comercial presentó en 2011 (últimos datos disponibles) unas ventas en el resto de España por valor de 49.389 millones, mientras que compró por valor de 26.705 millones. Este saldo comercial favorable compensó con creces los 16.400 millones de déficit comercial que Cataluña mantiene con el resto del mundo.