Espionaje en Cataluña
Martorell, a un paso de juicio por espiar a políticos
La juez estima que el ex director de los Mossos y ex jefe de Seguridad del Barça utilizó al club para encargar el espionaje de funcionarios de Sant Cugat
Una juez del el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó ayer al ex director de los Mossos d’Esquadra y ex jefe de seguridad del Futbol Club Barcelona, Xavier Martorell, a las puertas de un juicio por cargar facturas de espionaje político a través de la entidad azulgrana, y encargadas a la agencia de espionaje Método 3.
Siempre según el auto judicial, Martorell cargó facturas al Barça para espiar a políticos, por ejemplo miembros de UDC concejales del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Todo habría ocurrido entre los años 2008 y 2010, cuando el presidente era Joan Laporta. Fue en la última etapa de su mandato.
Señala el auto que Martorell «decidió la contratación de Método 3 para la verificación de labores auxiliares a su función», y añade que «actuaba como contacto entre el club y la agencia de espionaje». Concretamente, pidió «seguimientos e informes» sobre diversos políticos. También está implicado el ex director del Barça en esa época, Joan Oliver.
Posible juicio
Su situación judicial se antoja ahora mismo complicada. Ambos pueden ir a juicio, según se desprendel auto, aunque falta esperar los próximos que tomará la juez. Concretamente, se investiga a Oliver por un presunto delito de administración desleal, y a Martorell por el mismo hecho y también por estafa continuada.
Todo arrancó a raíz de una querella presentada por el Barça contra Oliver y contra Martorell, por facturas irregulares a Método 3, que sumaron un total de 408.661 euros. De esta manera, la juez achaca al ex responsable de seguridad del club un presunto delito de estafa continuada, al considerar que se aprovechó de su puesto para cargarle al Barça al menos cinco facturas.
Pero hay más. Sostiene el auto que más allá del seguimiento a políticos, tanto Martorell como Oliver encargaron a Método 3 el espionaje de socios, otros directivos y periodistas, sin comunicarlo a la junta directiva de ese momento. Las facturas ofrecen de tal modo la particularidad de que a través de las mismas, la entidad querellante, el Futbol Club Barcelona, habría satisfecho trabajos en beneficio de terceros ajenos a la misma.
Insiste el auto en que los servicios facturados irregularmente al Barça fueron utilizados por ambos investigados con el fin de su uso particular, que entre otros objetivos pretendían «favorecer una determinada candidatura a la presidencia u obtener informaciones de futuribles candidatos, personas relacionadas con el entorno del club, para utilizarlas a su conveniencia».
El auto también indica que Martorell presentó al cobro al Barça los trabajos verificados por Método 3, que venían referidos a concretos seguimientos e informes relativos a concejales y funcionarios del Consistorio de Sant Cugat, y en los que «únicamente podía tener interés» el propio Martorell. «Lo hizo, abusando de su especial relación profesional con la entidad perjudicada –el Barça–, pues Martorell era el jefe de seguridad de la misma, y tenía funciones ejecutivas», añade el auto de la juez.
Por su parte, Oliver tenía en el Barça «las más amplias facultades para la gestión y dirección de la entidad», tan solo con las limitaciones reservadas a la junta directiva y al presidente; entre sus facultades, tenía la de autorizar pagos por importes no superiores a los 50.000 euros. Según la juez, el ex director general azulgrana autorizó los pagos.
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