Barcelona
Prohíben la difusión de la grabación de Método 3 a Sánchez–Camacho
Archivan las denuncias de Ortega y Carod–Rovira por esta trama de espionaje
El juez ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez–Camacho, y ha prohibido la difusión de la grabación del almuerzo que mantuvo con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, realizada por la agencia de detectives Método 3. El magistrado dictó un auto en el que acepta las medidas solicitadas por Sánchez–Camacho en su demanda civil por el derecho al honor y contra Método 3.
El PP explicó ayer que el juez, en su auto, requiere a Método 3 que ponga a su disposición la grabación original de dicha conversación, así como todas las copias que existan. También insta a la agencia a identificar los receptores de las copias de la grabación del almuerzo, cuyo contenido apareció publicado en diversos medios de comunicación.
Grabaciones ilícitas
Se prohíbe asimismo a Método 3 divulgar datos, hechos y manifestaciones contenidos en las grabaciones «ilícitas e ilegítimas» captadas en la reunión en el restaurante La Camarga, e impide su divulgación o reproducción total y parcial «para evitar ulteriores intromisiones ilegítimas». Los populares mostraron su satisfacción por esta decisión y celebraron que se considere por primera vez que la grabación fue ilícita e ilegítima.
Por otra parte, el juez también archivó las dos denuncias presentadas por la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y por el ex líder de ERC y ex vicepresidente del gobierno catalán, Josep Lluís Carod–Rovira, al considerar que «faltan indicios». Se especifica en el auto que si durante la investigación de este episodio de espionaje apareciesen nuevas informaciones, estos archivos se podrían reabrir.
Ortega y Carod-Rovira denunciaron en febrero a Método 3 tras conocer por la prensa que sus nombres aparecían como presuntas víctimas de informes realizados por detectives y que la supuesta trama de espionaje también les habría espiado. La denuncia pretendía, además de esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades, que los Mossos d'Esquadra investigasen a los responsables del espionaje al que supuestamente fue sometida la vicepresidenta, ya que esta supuesta trama de espionaje de políticos en Cataluña está siendo investigada por la Policía Nacional, que incluso detuvo a cuatro personas que luego quedaron en libertad con cargos. Los nombres de Ortega y Carod–Rovira se barajaron en diferentes informaciones sobre los políticos catalanes que han podido ser espiados.
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