Un total de 8.437 ancianos están a la espera de entrar en una residencia

La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, admitió ayer en una respuesta parlamentaria efectuada por el PP que actualmente hay un total de 8.437 ancianos en lista de espera para acceder a una plaza pública, de los que 5.816 aguardan ingresados en otros centros pero solicitan un traslado.

Munté señaló que también hay otras 557 personas en listas de espera para ingresar en una plaza de centro de día, de las que 424 están ingresadas, pero no en el lugar que solicitan. Según la consellera, todos los ancianos que piden una plaza son beneficiarios de alguna prestación de la ley de Dependencia.

«Plazos complicados»

En la respuesta al diputado popular Pere Calbó, Munté asegura que «es muy difícil establecer un plazo de tiempo de espera porque depende de diversos factores, como el movimiento de bajas de un centro en concreto o la demanda de plazas de cada residencia». A su juicio, en caso de necesidad de ingreso inmediato «la persona puede acceder a un centro donde no haya lista de espera, pero puede permanecer en otra lista de espera de plaza en el equipamiento deseado».

La Generalitat anunció la pasada semana que reclamará facturas impagadas a unos 600 ancianos que, pese a contar con suficientes de recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven. El Govern alertó de que si estos residentes no pagan corren el riesgo de ser expulsados del centro.

El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) informó que el importe impagado asciende a unos dos millones de euros, lo que significa el 0,66 por ciento de este organismo. El protocolo del Icass ha detectado una tendencia al alza de las negativas a pagar, por lo que ahora la Generalitat se plantea la exigencia de cobrar.

Antes de las posibles expulsiones de las residencias por impago, el Icass anunció que emitirán varias advertencias, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.

Por su parte, la patronal de pequeñas y medianas residencias Upmir lleva meses alertando de que la Generalitat no ha abonado a estos centros las cuotas de este año, aunque se trata de un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo.

Estas cuotas corresponden a las plazas concertadas de ancianos que han sustituido a otros que han causado baja, por deceso o a petición propia. Este impago, según la Upmir, son diez millones de euros al mensuales.