40.000 personas piden salvar la concertada y la dimisión del conseller

Familias, profesores y otros colectivos educativos reclamaron ayer «salvar» la escuela concertada al tiempo que pedían la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, en una concentración en la plaza de la Virgen de Valencia que reunió a más de 40.000 personas en un ambiente festivo y reivindicativo.

Los asistentes a la concentración, convocada por Escuelas Católicas y la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos en defensa de la libertad de elección de centro escolar, llenó la plaza durante una hora, donde, bajo un calor sofocante, se mostraron carteles «por la libertad e igualdad» en la educación.

En uno de ellos se exponía una imagen del conseller de Educación boca abajo, como «represor de la concertada», y en una pancarta se leía: «President, si gobierna Compromís, no nos sirves».

En la concentración participaron entidades como Feceval y Concapa, los sindicatos FSIE y USO, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y representantes políticos del PP, como el europarlamentario Esteban González Pons y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y de Ciudadanos, como su portavoz en la Comunitat, Fernando Giner.

Según los organizadores, más de 40.000 personas asistieron a la concentración, que recibió veinte autobuses de Alicante, seis de Castellón y gente de Murcia, y que estuvo animada por los pasodobles de una banda de músicos voluntarios de la concertada.

La presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, explicó a los manifestantes que el próximo curso habrá 18 aulas menos en centros concertados y más de una veintena que no se han concertado a pesar de tener la ratio suficiente.

Aseguró que la red pública de centros, la concertada y la privada «pueden y deben convivir», porque la educación y la libertad de enseñanza es un derecho recogido en la Constitución Española.

Según Rodríguez, en la Comunitat Valenciana hay 290.000 alumnos de escuela concertada, y cada uno de ellos «le cuesta la mitad» al Estado, y ahorra más de 6.000 millones anuales al Gobierno.

Por su parte, el presidente nacional de Escuelas Católicas, José María Alvira, recordó a la sociedad y especialmente a la Administración que la sociedad es «plural, democrática» y en ella «caben todos los proyectos educativos».

La presidenta de Concapa, Julia Llopis, leyó un manifiesto de los padres por la libertad de educación, en el que destacó la labor social de la concertada, un tipo de educación, dijo, que atiende a «familias necesitadas», de calidad y a la que asisten alumnos de familias «humildes y trabajadoras».

Desde la federación de enseñanza del sindicato USO, su secretario general, Arturo Gómez, criticó los recortes para el profesorado que se va a quedar en el paro, para quienes pidió la recolocación.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, indicó que no se trata de confrontar un modelo con otro, sino de respetar el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación que quieren, y alertó de que se han producido casos de «derogación» del plurilingüismo, como el colegio Gloria Fuertes de Alzira.

No obstante, Marzà lamentó que el Partido Popular utilizara la concentración como un acto para su «precampaña» electoral, pues, a su juicio, se vio «claramente que era un acto ideológico y un ataque a la política educativa del Consell».

El conseller de Educación aseguró que le parece «muy bien» que la gente se manifieste y diga lo que opina, pero lo que ya no le parece «tan bien» es la manera en la que algunos centros llamaron al acto, y sobre todo la manera en la que «el PP lo ha utilizado, de manera partidista», lo que consideró «un error».

Sobre las peticiones que se hicieron durante la concentración, recordó que «desde el primer día» el Partido Popular está pidiendo su dimisión, y por tanto «no es novedad» que ahora vuelva a hacerlo».