Bravo niega al PP el informe para llevar la financiación a los tribunales

La consellera alega que se trata de una documentación que no se ha entregado de manera oficial

El cambio de papeles en Les Corts está provocando que los grupos políticos prueben su propia medicina. Si en la anterior legislatura los socialistas criticaban la «opacidad» y la continua negativa de los populares a entregarles documentación para ejercer su labor de oposición, ahora son ellos los que utilizan los argumentos más simples para negar documentación a los populares.

Es el caso del informe encargado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para analizar la posibilidad de emprender acciones legales contra el Estado por la financiación de la Comunitat Valenciana.

El documento está finalizado desde principios de octubre y en diferentes ocasiones la Generalitat ha hecho alusión a él como base de su batalla por la mejora de la financiación autonómica. Sin embargo, Bravo alega que no puede dárselo al PP porque se trata de un «documento inicial» que se dio al presidente Puig «en mano, sin oficio de remisión, razón por la cual no se le puede entregar copia del justificante de entrega».

La consellera de Justicia no solo le niega el documento, sino que además reconoce que «está siendo utilizado para la elaboración de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016». Así, emplaza al solicitante, el diputado Luis Santamaría a esperar a que se presente el recurso para conocer el citado informe.

La portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, asegura que este es solo un ejemplo de las negativas y desplantes que reciben tanto por parte del Consell, como por parte del presidente de Les Corts, Enric Morera, quien olvida cursarle determinadas convocatorias. De ahí que el PP afirme que si hay un caso más, acudirá a los tribunales para denunciar esta situación que vulnera los derechos fundamentales. «Aplican un cordón sanitario contra el PP».

Por otra parte, en su respuesta, Bravo pone de actualidad los titubeos que la Generalitat ha mostrado en este asunto. Poco tiempo después de conformarse el Gobierno, se anunció la elaboración de dicho informe para acudir a los tribunales si el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, no comenzaba a revisar el modelo de financiación.

Las amenazas pararon tras la reunión que Rajoy y Puig mantuvieron a principio de noviembre. Volvieron en plena campaña electoral cuando Puig anunció que la maquinaria judicial de la Generalitat se había puesto en marcha para impugnar tanto la financiación, como el dinero asignado a la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, matizó días más tarde esta declaración y admitió que la Abogacía de la Generalitat seguía trabajando en él.

En todo caso, dijo que había que agotar la vía del diálogo y dio tiempo hasta el día de las elecciones al Gobierno de Rajoy para que convocase una comisión bilateral que, a día de hoy no se ha producido.