Política

Valencia

Brines justificó contratos «cogidos con pinzas» por el oscurantismo del pasado

La cogerente de Divalterra pidió a un catedrático de Derecho que variara las conclusiones de su informe en el que consideraba irregulares las contrataciones de altos cargos

Foto de archivo de los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, junto al presidente Rodríguez (los tres, imputados) y la vicepresidenta Amigó
Foto de archivo de los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, junto al presidente Rodríguez (los tres, imputados) y la vicepresidenta Amigólarazon

La cogerente de Divalterra pidió a un catedrático de Derecho que variara las conclusiones de su informe en el que consideraba irregulares las contrataciones de altos cargos

La que fuera cogerente de la entidad Divalterra, Agustina Brines, imputada en la causa Alquería, tuvo una curiosa forma de justificar los siete contratos irregulares de alta dirección que dieron a «enchufados» tanto del PSPV como de su partido, Compromís, y por los que ahora se les acusa de prevaricación y de malversación.

Brines dijo que esos contratos estaban «cogidos con pinzas» y que «se puede cuestionar la alta dirección» por lo que recomendaba que era mejor no tocarlos. Lo que sorprende es que Brines justifica dichas irregularidades en que «venimos de una situación de oscurantismo total».

Para salir del «oscurantismo», la Diputación de Jorge Rodríguez contrató a dedo a siete compañeros de partido, con contratos de 70.000 euros brutos anuales, y su jefe de gabinete, Ricard Gallego, llamaba «hijo de puta» a los funcionarios que dudaban de su legalidad.

Además, Brines intentó cuadrar los informes jurídicos que advertían claramente de la irregularidad de la contratación como consta en los correos electrónicos interceptados por la UDEF, entre los que destaca uno enviado por Brines al catedrático Alfonso Mellado en 2015, en el que le pide «cambiar el apartado segundo de la conclusión séptima con la finalidad de evitar malos entendidos en una lectura no letrada del informe que nos has realizado». Le escribe también el sentido en el que lo debe cambiar. Considera la Policía que Brines no pretende evitar «malos entendidos» sino ocultar la irregularidad de la contratación.

Por otra parte, el sumario del caso Alquería refleja también amplios informes elaborados por el entonces gerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, que entregaba al presidente Jorge Rodríguez.

Sahuquillo fue destituido cuando la Fiscalía le investigó por gastos irregulares pagados con fondos de Divalterra. Pues bien, en estos informes se advierte a Rodríguez del peso político que tiene Compromís y de cómo se intentan entrometer en todas la áreas de gestión del PSPV. Los documentos de Sahuquillo son un compendio de las desavenencias que provocó el «mestizaje».

Sahuquillo también reconoce que Divalterra es «el cajón perfecto para el clientelismo político» y que no han podido cambiar la situación en nada.