Valencia

Casa Caridad, preparada para asumir a los usuarios que «libere» el Banco de Alimentos

El Ayuntamiento de Valencia retira la ayuda y el local a la ONG porque «no es el modelo» de asistencia que busca. 8.000 personas al mes se verán afectadas por el cierre de la entidad

Casa Caridad y el Banco de Alimentos comparten acera en la calle Santa Cruz de Tenerife de Valencia
Casa Caridad y el Banco de Alimentos comparten acera en la calle Santa Cruz de Tenerife de Valencialarazon

El cierre del local que el Banco de Alimentos dirige en la calle Santa Cruz de Tenerife de Valencia dejará sin atención a 8.000 personas al mes, muchas de las cuales serán asumidas por la Casa de la Caridad, ya que esta ONG posee un centro próximo al que clausura el Ayuntamiento de Valencia.

Ayer, fuentes de la Casa de la Caridad admitían que acogerán a parte de esos usuarios. «Es lógico que vengan a nosotros si no tienen dónde ir. Estamos preparados para atenderles».

La nueva situación es fruto de la decisión tomada por el Gobierno de Joan Ribó de no renovar el convenio suscrito con el Banco. El acuerdo, que finaliza el próximo mes de julio, implicaba la cesión del local en la Calle Santa Cruz de Tenerife y una ayuda anual de 84.000 euros.

No obstante, las políticas de intervención social del actual Gobierno local son distintas a las del PP, pues considera que los fondos públicos deben destinarse a algo más que a facilitar alimentos. «Hablamos de solucionar problemas de pobreza energética, de inserción laboral, de ayudas para el alquiler de la vivienda... No se trata de dinero, sino de un modelo distinto», explica al respecto la concejala de Desarrollo Humano, Consol Castillo.

El cese de las subvenciones no ha sentado nada bien al presidente del Banco de Alimentos, Jaime Serra, que amenaza con una ofensiva de manifestaciones y protestas para frenar la decisión del equipo de Ribó. Sin embargo, Castillo advierte de que «no hay vuelta atrás» en la decisión tomada, al tiempo que critica la actitud beligerante de Serra. «Nosotros no le impedimos seguir dando ese servicio, pero tendrá que hacerlo sin fondos municipales, como lo hacen muchas otras entidades benéficas (...) Puede protestar, claro, no seré yo quien coarte su libertad de expresión, pero está haciendo un uso poco ético de esta situación».

La concejala defiende que el Ayuntamiento ha aumentado este año las ayudas sociales un 47 por ciento, hasta los 5,2 millones de euros, además de haber aumentado el número de trabajadores que se ocupan de estos asuntos.