Císcar admite la dificultad de imponer recortes cuando hay casos de corrupción

La Generalitat está preocupada por la repercusión de las informaciones que apuntan a que los máximos dirigentes del PP habrían podido cobrar dinero negro.

La onda expansiva del caso Bárcenas ha llegado hasta la Comunitat Valenciana. La Generalitat está preocupada por la repercusión de las informaciones que apuntan a que los máximos dirigentes del PP habrían podido cobrar dinero negro. El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, aseguró ayer que los populares son los primeros interesados en que se conozca toda la verdad sobre este asunto. Asume la alarma social generada y admite que estas acusaciones son difícilmente compatibles con los esfuerzos que se han exigido a los ciudadanos.

Dijo que esperan que esta cuestión se aclare lo antes posible sobre todo por los afiliados de base del partido y por todos los alcaldes y concejales que «se parten cada día la cara» para defender las medidas del PP.

Sobre el hecho de que entre las empresas que daban dinero al PP aparezca Sedesa junto al nombre del actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, aseguró que ningún juez ha constatado la veracidad de estos apuntes y, además, el propio Cotino ya dijo que lo único que él paga al partido son sus cuotas como militante.

Sin embargo, el «caso Bárcenas» no es el único que le quita el sueño al Gobierno valenciano. Es uno más. El caso Nóos ha vuelto a cobrar actualidad después de que el juez Castro emitiese el auto en el que fija la fianza de 8,1 millones para Iñaki Urdangarin y Diego Torres y en el que además sugiere a la Generalitat que se persone en la causa.

Císcar quiso ser muy prudente en este asunto. Repitió varias veces que los servicios jurídicos de la Generalitat estudian el auto- que todavía no les ha llegado de manera formal- para tomar una decisión. No obstante, el hecho de que el estribillo de la argumentación fuese «lo haremos si se deduce que hay un perjuicio económico de un sólo euro para las arcas de la Generalitat», hacen pensar que el informe determinará la conveniencia de la personación en la causa, y que en los próximos días se anunciará de manera oficial.

Lo que no será tan inminente es el relevo de dos populares valencianos que, aunque están imputados, ostentan cargos que tienen que ver con la Generalitat. A saber, el otrora presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y ahora de Aerocas, empresa pública que se encarga del aeropuerto de Castellón, y el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ahora al frente del puerto de Alicante. Císcar dijo que el Gobierno toma las decisiones cuando lo cree conveniente y que cada caso tiene «sus tiempos y su momento».

Aseguró que el presidente Fabra mantiene la consigna de «Tolerancia cero ante la corrupción» aunque existan diputados populares que, en privado, se muestran contrarios a que el PP de Fabra haya adoptado una postura inflexible y haya apartado a los imputados de los puestos de dirección del partido y del Gobierno valenciano.

El vicepresidente Císcar dijo que es normal que en una reunión, en este caso la del grupo popular, se produzcan debates, aunque negó la mayor. No admitió la existencia de las críticas de los diputados.