Denuncian subvenciones del conseller Marzà a emisoras de radio sin licencia

La Asociación Militar de Guardias Civiles asegura que se ha concedido «a dedo» más de 200.000 euros

El conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà (Compromís) ha concedido más de 200.000 euros en ayudas para el fomento del valenciano a emisoras de radio que no tienen licencia de emisión, según se desprende de la denuncia presentada el día 16 de febrero por la Asociación Militar de Guardias Civiles (AMGC) dirigida a la Fiscalía.

Según la misma, «en el listado abreviado de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias (FM) de la Generalitat Valenciana no figuran como adjudicatarios de licencia para radio algunas de la mercantiles subvencionadas por el Consell según la resolución de 7 de noviembre».

Consideran los denunciantes que se podría haber incurrido en los delitos de prevaricación y malversación.

Y afirma la Asociación de Guardias que «todo ello a pesar de que en el artículo 2.1 sobre beneficiarios y requisitos de las bases de la convocatoria (...) dice textualmente que podrán optar a las ayudas las empresas legalmente constituidas por personas físicas o jurídicas que tengan como actividad la emisión de programas de televisión o radio en el ámbito de la Comunitat Valenciana y que sean titulares de licencia otorgada por la Generalitat para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica o televisiva o bien sean arrendatarios de una licencia con la correspondiente autorización del Consell».

Además, recuerdan que «la última ampliación de frecuencias para gestión indirecta de emisoras de radio en ondas métricas con modulación de frecuencia, lo fue por Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre, por el que el Ministerio de Fomento incrementaba el número de estaciones sonoras de FM arreglo al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión, circunstancia que no ha dado lugar a nuevas concesiones para radios en frecuencia modulada en la Comunitat.

Por ello, concluyen los denunciantes que hay un posible ilícito penal consistente en la concesión de ayudas económicas a entidades jurídicas que no cumpliendo con los requisitos establecidos, «se les ha concedido a dedo por decreto único».

La Asociación de Guardias considera que la Generalitat, y más concretamente, el área de Marzà, podría haber cometido los delitos de prevaricación y malversación, y pide que «tratándose de un asunto de interés general se solicite al organismo responsable de las subvenciones, copia de los expedientes de concesión, y que demuestre que todos los subvencionados tienen la correspondiente licencia.