Valencia

Diputaciones piden que se aclare la financiación de sus nuevos servicios

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el vicepresidente, Juan José Medina
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el vicepresidente, Juan José Medinalarazon

La Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se reunió ayer presidida por el presidente de la valenciana, Alfonso Rus, exigirá al Gobierno central que especifique cuáles serán las competencias que deberán prestar una vez que se apruebe la reforma local y cómo tendrán que financiarse.

Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, existe consenso entre los presidentes de estas instituciones respecto a las tres cuestiones básicas del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local: definir las competencias propias e impropias de cada Administración para evitar duplicidades, controlar la gestión presupuestaria de los Ayuntamientos y asegurar la prestación de servicios de calidad en todos los municipios.

Sin embargo, existen dudas acerca del proceso por el cual las Diputaciones tendrán que asumir los servicios de los Consistorios que no puedan hacerlo por cuestiones económicas. En este sentido, reclamarán que la norma defina claramente cómo cobrarán las Corporaciones provinciales la prestación de estas competencias. También, el mecanismo para traspasar recursos humanos de los Ayuntamientos a las Diputaciones y qué parámetros se tendrán en cuenta para valorar el coste de los servicios, puesto que no es el mismo si se trata de una localidad poblada o de un pueblo pequeño de interior.

El documento actual no profundiza en estas cuestiones, que son fundamentales para garantizar el cobro de estos servicios. Hasta ahora las Diputaciones prestaban muchos de ellos de forma voluntaria, sobre todo a los municipios más pequeños, beneficiándose de la economía de escala.

Rus se reunirán hoy con la Junta de Gobierno de la FEMP para comunicar estas reclamaciones. Ésta también recogerá las propuestas de los Ayuntamientos, entre las que se abordará la reducción del salario de los alcaldes, que recoge la reforma.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prevé aprobar el texto definitivo antes de fin de año.