Educación prepara protocolos para casos de violencia escolar

Se pretende que los centros actualicen sus planes de convivencia
Se pretende que los centros actualicen sus planes de convivencia

Las nuevas tecnologías han aportado multitud de ventajas, pero también nuevos problemas, como el «cyberacoso» juvenil. Por ello, la Generalitat valenciana pondrá en marcha una decena de protocolos de actuación ante situaciones de posible conflicto que puedan darse en el ámbito escolar, con el fin de poder detectarlas y actuar de inmediato.

Así lo anunció ayer la consellera de Educación, María José Català, el mismo día que se celebraba la primera sesión de la Escuela de Padres de la Generalitat, donde se abordó el acoso escolar y «cyberacoso».

El protocolo se incluirá en la Orden de Actualización, mejora y desarrollo de los planes de convivencia de los centros, que permitirá desarrollar el Decreto de regulación de derechos y deberes de la comunidad educativa y de convivencia escolar.

«El principal objetivo es que los centros educativos actualicen y mejoren sus planes de convivencia, así como recopilar en un único texto normativo todos los protocolos contra la violencia escolar».

En concreto, los diez protocolos serán: maltrato infantil, acoso escolar, «cyberacoso», violencia de género, agresiones al profesorado, registro de las incidencias, medidas educativas correctoras, apertura de expedientes disciplinarios, alteraciones graves de la convivencia como peleas, agresiones y vandalismo y coordinación con Unidades de Atención e Intervención.

El documento de acoso escolar y «cyberacoso» contendrá las indicaciones sobre cómo detectar estas situaciones, cómo actuar ante ellas, cómo denunciarlo, cómo abordarlo dentro del centro y cómo comunicárselo a la familia, a quién acudir y cómo tratar a la víctima.

Se trata de dar, tanto a los docentes como a la inspección y a las familias, las herramientas para identificar el problema y si es necesario derivarlo a otras instituciones o autoridades.

En concreto, definirá las medidas de tratamiento individualizado con víctima, agresor, observadores y familias; información a las familias de las medidas adoptadas con carácter individual y el seguimiento del caso por parte de las unidades especializadas de Atención e Intervención, y del inspector, y en su caso puesta en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Este protocolo también ofrece orientaciones concretas para coordinarse o derivar las situaciones de especial gravedad a las Unidades de Atención e Intervención.