Política

El Ayuntamiento de Valencia acumula en lo que va de año casi 12 millones en contratos «a dedo»

Las áreas dirigidas por concejales de Compromís son las más dadas a este tipo de contratos menores

Los concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Glòria Tello, Pere Fuset y Giuseppe Grezzi, en una imagen de archivo- KIKE TABERNER
Los concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Glòria Tello, Pere Fuset y Giuseppe Grezzi, en una imagen de archivo- KIKE TABERNER

El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado 3.461.377,70 euros en contratos menores durante el tercer trimestre del año, lo que suman, a fecha de 30 de septiembre, más de 11,6 millones (a falta de contabilizar los organismos autónomos como el Palacio de Congresos, Aumsa o la EMT, del tercer trimestre). Resulta también significativo el aumento del 58 por ciento entre lo adjudicado «a dedo» (sin pasar por exposición pública) entre el segundo y el tercer trimestre de 2018 y ello pese a que se incluye el mes de agosto, con escasa actividad en el Gobierno local.

El área más activa en este apartado ha sido la de Cultura, a cargo de Glòria Tello (Compromís), que adjudicó más de 1,1 millones en los meses de julio, agosto y septiembre. Le siguió muy de lejos (con 511.692,53 euros) la de Desarrollo Económico que coordina la socialista Sandra Gómez, y cierra la lista el área de Movilidad y Espacio Público que dirige Giuseppe Grezzi (Compromís), con casi 35.000 euros.

Sin embargo, si se ordenan los contratos por delegación, encabeza el «ranking» la de Cultura Festiva, en manos de Pere Fuset (Compromís), con un montante de 403.839,45 euros. Le siguen la de Patrimonio, Acción Cultural y Formación y Empleo. Hacienda, con 197 euros, es la que menos contratos de adjudicación directa ha registrado el último trimestre.

Y si hablamos de nombres, las competencias de María Oliver son las que más practican este manera de contratar obras y servicios, seguidos de Pere Fuset, Glòria Tello, Sandra Gómez, Consol Castillo, Pilar Soriano, Vicent Sarrià, Sergi Campillo, Neus Fábregas, Roberto Jaramillo, Anaïs Menguzzato, Carlos Galiana, Maite Girau, Giuseppe Grezzi, Joan Ribó, Isabel Lozano y Ramón Vilar.

Si bien es cierto que se trata de una práctica legal, resulta curioso que el tripartito sume casi doce millones de euros en contrataciones «a dedo» cuando, estando en la oposición y gobernando en el Cap i Casal el PP de Rita Barberá, criticaban duramente estas actuaciones.

«Evidente afición»

Al respecto, el concejal popular en el Ayuntamiento Alfonso Novo declaraba que desde el inicio del mandato, su grupo ha realizado «un seguimiento exhaustivo del uso y abuso que el tripartito ha hecho durante estos años de los contratos menores», y añadió que, dada la nueva legislación vigente desde marzo de este año, esperaba «un poco más de vergüenza torera y una mayor contención por parte de los distintos concejales».

Para Novo, resulta también «bastante evidente la afición que tiene Valencia en Comú (Podemos) y Compromís a usar este mecanismo que les permite decidir directamente el reparto de los recursos municipales».

Nueva legislación

La Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado 9 de marzo supone la reducción de los umbrales máximos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y limita que, en el caso de los contratos de obras, la cantidad que puede adjudicarse sin concurrencia competitiva no puede superar los 40.000 euros. En el resto de contratos, es decir, los de servicios, no podrán ser mayores de 15.000 euros.

Además, se limita la adjudicación de un único contrato en el conjunto de contratos menores que se adjudique a un mismo empresario y obliga a que el órgano de contratación «compruebe y justifique que el empresario no haya suscrito contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras previstas para un único contrato menor».

Asimismo, la tercera de las modificaciones introducidas en la nueva ley tiene como objetivo evitar contratos vacíos de contenido o que no respondan al interés público. Por ello añade la necesidad de que conste en el expediente administrativo el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato que se pretende adjudicar. Además, desde el pasado mes de marzo, debe justificarse en el expediente que no se está alterando el objeto del contrato (por ejemplo, fraccionándolo) para evitar tener que licitar el contrato por uno de los procedimientos ordinarios.