El PP pide amparo al Defensor del Pueblo ante las restricciones de Ribó

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado nuevas normas que limitan el acceso a la información de los concejales de la oposición

Hartos de la «falta de transparencia» del Gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Valencia, el grupo municipal popular ha pedido amparo al Defensor del Pueblo. En concreto, el PP critica que el equipo de Joan Ribó «pretende imponer los límites de acceso a la información también a los miembros de la Corporación». Para dar base legal a esas restricciones, el tripartito ha redactado y aprobado un documento en el que se recogen normas como la prohibición de divulgar información que pueda perjudicar los interés del Ayuntamiento (se habla de multas y responsabilidades penales o civiles para los infractores) ; o que no podrá facilitarse información sobre procesos judiciales abiertos (si los documentos que se piden se han elaborado ex profeso para el Juzgado). Asimismo, la oposición tampoco podrá acceder a los expedientes cuando las actuaciones no estén concluidas, un punto que ha hecho saltar las alarmas de la sospecha en las filas populares.

Al respecto, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, considera «innecesarias» las directrices aprobadas en la Junta de Gobierno. A su juicio, «solo persiguen amenazar a la oposición y acentuar las restricciones al acceso a los expedientes. Ribó está demostrando que tiene fobia a la transparencia».

Monzó recordó que «es la enésima vez» que se ven obligados a recurrir al Defensor del Pueblo o al Síndic de Greuges «por la cerrazón informativa de Ribó y su tripartito, que pone todas las trabas posibles para que no se fiscalice su gestión».

Por todo ello, el PP «ruega» la intervención del Defensor del Pueblo ante la Alcaldía de Valencia al objeto de que se «facilite la información que soliciten los concejales para el ejercicio de sus funciones, con las únicas limitaciones que fija el ordenamiento jurídico».

Asimismo, los populares solicitan que se interprete el derecho a la información en sentido amplio «para lograr la mayor transparencia y participación de los ciudadanos en la vida política, en consonancia con las normas de transparencia».