El tripartito recrimina a Montoro que deniegue 38 millones para transporte

La portavoz de Infraestructuras del PSPV en Les Corts, Sandra Martín, calificó ayer de «insultante» que el Gobierno de Rajoy justifique con un mero «gobierno en funciones» su negativa a incluir en los próximos presupuestos los 38 millones que la Generalitat reclama para el transporte metropolitano en Valencia.

Martín incidió en que «este gobierno está en funciones para lo que le interesa y para lo que le da la gana, pero sobre todo está completamente activo para frenar el progreso y el avance de la Comunitat».

En este sentido, explicó que «otras ciudades españolas con una situación de congestión semejante por el tamaño de sus áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona disponen respectivamente en los últimos presupuestos de 126 y 98 millones». Es más, dijo, «hasta ciudades como Canarias, con un tamaño infinitamente menor al de Valencia, reciben hasta 25 millones para fomentar el transporte metropolitano y agilizar las conexiones por parte del ministerio de Fomento».

Por este motivo, consideró que «Rajoy se ha empeñado en convertir a Valencia y a su área metropolitana en una isla congestionada, contaminada y mal comunicada. El PSPV anunció que presentará preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Ministerio de Fomento aclare cuáles son los motivos que le han llevado a negar sistemáticamente la financiación del transporte metropolitano en Valencia.

En el mismo sentido se manifestaron los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete, quienes anunciaron que presentarán preguntas a Montoro sobre esta misma cuestión.

Según fuentes de Compromís, esta área metropolitana contabiliza 175 millones de viajeros al año y se halla en proceso de crear una tarjeta única inteligente adaptada a las necesidades de cada ciudadano.

Mulet recordó que «Montoro no tuvo otra ocurrencia que pedir el cierre de la EMT. De su subconsciente afloran sus ganas de frenar nuestro progreso como pueblo, de discriminarnos en la cola de financiación por habitante y de privarnos de derechos como tener una corporación de medios públicos o una empresa municipal de transportes digna, como la tienen otras autonomías».