El TSJCV abrirá juicio oral a Blasco por «Cooperación»

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anunció ayer la apertura de juicio oral en la pieza primera del conocido como «caso Cooperación».

Tras finalizar la fase de instrucción, que investiga los presuntos delitos cometidos en la concesión en 2008 de subvenciones por la Generalitat a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), se concluyó con el procesamiento de nueve personas, que serán las que deban declarar.

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se ve afectado por el nuevo paso del TSJCV y tendrá que acudir a la citación para sentarse en el banquillo de los acusados junto con cinco funcionarios del que fue su departamento y tres responsables de fundaciones implicadas en la presunta trama.

La fecha de juicio será determinada, en su momento, por diligencia del secretario.

Fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental son los delitos investigados en dicha pieza.

La parte sobre la que se realizará el juicio oral ahonda en la concesión de subvenciones a la Fundación Ceys, presidida por Marcial López. A esta, se le entregaron 1,8 millones de euros de las arcas públicas para proyectos en Nicaragua, donde solo llegó el tres por ciento de la cuantía total, según el informe del fiscal.

Casi un millón de euros, según la instrucción, fue destinado a la adquisición de cuatro propiedades inmobiliarias en la ciudad de Valencia. El 25 por ciento total de los fondos fueron a parar a la empresa de Gestiones e Iniciativas Arcmed, propiedad de Augusto César Tauroni. Tanto López como Tauroni también deberán personarse para declarar.

Las conclusiones judiciales especifican «anomalías relevantes» en la concesión de las subvenciones a Cyes, que carecía de experiencia previa en el sector y a la que se oponía la comisión técnica del programa cooperación.

El origen del caso se remonta a octubre de 2010, cuando la diputada socialista, Clara Tirado, y la de Compromís, Mireia Mollà, presentaron unas denuncias ante la Fiscalía. Algo más de seis meses después llegaron al Juzgado de instrucción número 21 de Valencia y que finalmente, hace un año, asumió el TSJCV por la condición de aforado de Blasco.