Fuset obligado a sacar 204.000 euros de facturas que guardaba en los cajones

El Ayuntamiento de Valencia se ve forzado a regularizar los impagos a proveedores y contratistas. Los últimos cargos suman 24.000 euros

La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ha criticado «durísimamente» la omisión de fiscalización que lleva a cabo la Concejalía de Cultura Festiva después de que se haya conocido que, en lo que va de legislatura, el departamento que dirige Pere Fuset se haya visto obligado a rescatar de los cajones facturas por un importe que roza los 204.000 euros.

A fecha de hoy, se siguen repitiendo actualizaciones de gasto de hace cuatro años «sin justificación», en palabras del concejal del grupo municipal popular Félix Crespo, quien ayer denunció nuevas irregularidades del concejal del tripartito. En concreto, el PP denuncia que Fuset (Compromís) levará al Peno de mañana la regularización de la omisión de la fiscalización previa en la que se ha incurrido, de 55 facturas y 80 tasas por disparos pirotécnicos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Los populares han denunciado en varias ocasiones la aprobación en Pleno de más expedientes de reconocimiento extrajudicial de facturas en los cajones, como en mayo por un importe de 80.555 euros, en junio por 70.343, en julio la cantidad fue de 28.691 euros y ahora en diciembre por 24.405,44 euros, ascendiendo el total en 2018 a 203.995,60 euros.

«A Fuset se le agotan las mentiras. Ya no puede escudarse en la falta de personal, en los funcionarios o la falta de documentación o incumplimiento de plazos de los interesados. No somos nosotros lo que «inventamos denuncias» sobre las irregularidades en las que incurre día a día Fuset, son los propios informes de omisión de la Intervención General del Ayuntamiento que provocan el envío de los expedientes al Pleno del Ayuntamiento para su regularización. Con este tripartito y en particular con el concejal Fuset, cada día nos vamos enterando de gastos realizados sin presupuesto disponible, no contabilizados y encargos realizados verbalmente sin ningún tipo de cobertura jurídica, que producen reparos e informes de omisión de fiscalización previos que provocan hasta tres años de retraso en el cobro a los proveedores».