Justicia «ensayará» una oficina judicial en el orden de lo Mercantil

La Conselleria de Justicia pretende iniciar en próximas fechas una experiencia piloto consistente en la instalación de la denominada oficina judicial en el orden jurisdiccional de lo Mercantil. Para ello, el conseller de Justicia, Serafín Castellano, se reunió ayer con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y con la portavoz de la institución, Gabriela Bravo. Asistió también a la reunión la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, Pilar de la Oliva.

Entre todos realizaron una «radiografía» al sistema judicial valenciano en una «provechosísima reunión», en palabras de Castellano. Desde la Generalitat Valenciana se está realizando un seguimiento de todas las experiencias existentes de oficina judicial en España, y parece que la implantada en el País Vasco sería de las más adecuadas para «copiar» en la Comunitat, eso sí, adaptada estrictamente a las peculiaridades y necesidades del sistema judicial valenciano.

Castellano dijo que toda la experiencia valía y era necesaria, en alusión a algunos ensayos menores realizados en la Autonomía.

El ámbito de lo Mercantil será el elegido para realizar este «ensayo», que ayer se presentó como el comienzo definitivo de la implantación de este nuevo sistema.

La oficina judicial supone una nueva concepción de la estructura clásica de los Juzgados compuesta por el magistrado y la secretaría del Juzgado.

Con la oficina judicial, los jueces se dedicarán a juzgar y a dictar sentencia, y a nada más. El resto de carga de trabajo, que hasta ahora realiza el magistrado (calendario de vistas, ejecuciones de sentencias e incluso la gestión de la intendencia de su Juzgado), pasará al secretario judicial y a una estructura trasversal de apoyo que funcionará en unas unidades centralizadas y profesionalizadas.

El apoyo en las nuevas tecnologías y la reestructuración de los puestos de trabajo es fundamental en la nueva oficina judicial. Por ello su implantación es complicada y ha de ser paulatina.

Por otra parte, tanto De Rosa como Bravo señalaron que las tasas judiciales son legales, aunque esperan que el Tribunal Constitucional las «matice».