La concertada recoge 45.000 firmas de apoyo

La Plataforma Libertad de Enseñanza plasman en papel el rechazo de miles de familias contra la supresión anunciada por la Generalitat de aulas en colegios concertados

Salieron a la calle para hacerse oír y ayer plasmaron el malestar de miles de familias contra la supresión de conciertos en Bachiller. La Plataforma Libertad de Enseñanza 27.1 entregó ayer en la Conselleria de Educación y al Síndic de Greuges cerca de 45.000 firmas y escritos de padres y madres a título personal contra el cierre de 31 aulas concertadas de primero de Bachillerato en distintos centros de la Comunitat Valenciana.

Junto a las firmas presentaron un escrito en el que recuerdan que el cierre de las aulas supone impedir el acceso a centros con demanda social de la Comunitat Valenciana a 1.085 alumnos durante el próximo curso y el despido del profesorado y de personal de administración y servicios.

Además, aseguran que implica la «restricción de un derecho fundamental» como es la libertad de enseñanza y recuerdan que este cierre se condiciona «únicamente a la existencia de oferta pública y a la aplicación de unos criterios preferenciales, algo que es contrario a derecho».

El presidente de la Plataforma, José Javier Sebastián, explicó a Efe que en el registro de la Conselleria de Educación han presentado algo más de 32.000 firmas recogidas en change.org, a las que se suman otras 9.592 recogidas por el Colegio Purísima-Franciscanas, así como cerca de 300 escritos de padres y madres a título personal.

En el registro de Les Corts Valencianes, y dirigidas al síndic de Greuges, han presentado peticiones de amparo firmadas por los padres y madres de los alumnos afectados al considerar que la decisión de la Conselleria de Educación supone un «trastorno» y un «mazazo» tanto para los estudiantes como para sus familias.

Recuerdan que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 25 de mayo establece que para negar conciertos educativos tiene que ser condición obligatoria que no exista demanda social en estos centros, independientemente de la oferta de los centros de titularidad pública existentes en la zona.

Los firmantes argumentan la defensa de la libertad de enseñanza como un derecho fundamental recogido en la Constitución y solicitan el mantenimiento de aquellos puestos escolares en centros privados concertados con demanda social. También reclaman que se proceda a la concertación de la totalidad de aulas de primero de Bachillerato para las que se ha solicitado concierto.

Marcha en el Cabanyal por el NO a la supresión de aulas

El colegio Pureza de María del Grao, todo un emblema tras casi cien años de historia, no se ha salvado de la supresión de aulas concertadas. Con motivo de los recortes, y tras no recibir respuesta a una misiva que enviaron al conseller de Educación, Vicent Marzà, decidieron tomar el barrio del Cabanyal para expresar su indignación. La lluvia no obstaculizó a padres, madres, alumnos y vecinos del barrio salir a la calle. «El colegio está muy integrado en el Cabanyal por la labor social que realiza», explicó la directora del centro, Amparo Ferrer. Además del valor que posee para el barrio, es uno de los más demandados. Desde el centro afirman que cada año hay familias que se quedan en lista de espera, por ello, desde esta institución reina el desconcierto ante la decisión de la Conselleria de Educación que les ha comunicado la eliminación de un aula de infantil de dos años para el próximo curso y otra de tres para el siguiente.

Bonig: “los decretos de Marzà vulneran la ley”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se reunió ayer con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo para trasmitirle que los decretos aprobados por la Conselleria de Educación vulnera leyes orgánicas y la Constitución Española. «Salirse de la norma no puede ser el modus operandi habitual de un Gobierno serio en democracia, ya que se pone en cuestión todo el Estado de Derecho».

Incidió en que tanto el decreto de plurilingüismo como el de los conciertos están causando mucha preocupación y malestar entre las familias valencianas, puesto que se les priva de libertad de elección del centro y de la lengua en la que quieren que sus hijos estudien.

Bonig también entregó al ministro una carta de la plataforma 27.1 formada por las familias afectadas por la supresión de conciertos en la que solicitan amparo al ministro y le trasladan su angustia ante la supresión de unidades.

La popular remarcó que el Gobierno del Botànic está actuando a imagen y semejanza de Cataluña con el modelo lingüístico que proponen, «con la imposición del valenciano a familias y funcionarios y con la defensa del ‘països catalans’».

Tras la reunión, el ministro de Educación se comprometió a estudiar las reivindicaciones planteadas.