La Generalitat dilata el cierre de la causa de la Fórmula 1 al pedir más informes

Quiere que se investigue si los costes pagados en diversas actuaciones se correspondían con el precio de mercado

La Abogacía de la Generalitat Valenciana presentó ayer un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 17, en el que reclama ampliar la investigación respecto a la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia para aclarar algunos aspectos que, a su juicio, quedaron pendientes tras el informe de la Intervención.

Esta petición se alinea con lo argumentado por la instructora en sus últimos escritos y reclama diligencias complementarias para completar el informe que ya obra en la causa redactado por el interventor de la Generalitat.

En este escrito, el interventor, en calidad de perito judicial, indicó que no disponía del criterio técnico para valorar los presupuestos base de licitación ni los precios de determinados contratos para la construcción del circuito, ni tampoco sobre las puntuaciones asignadas a cada oferta. En el mismo escrito, la Intervención señalaba que no apreciaba perjuicio económico para las arcas de las Administración autonómica.

Por ello, la Abogacía de la Generalitat reclama ahora que estas cuestiones, orientadas a determinar posibles desviaciones económicas, sean examinadas por los medios técnicos que correspondan.

Esta petición de la Abogacía, que ejerce la acusación particular en esta causa, va en sentido opuesto a la postura del fiscal, que recientemente ha reclamado el sobreseimiento de la causa por considerar que, en caso de existir algún delito en la tramitación para la construcción del circuito, éste estaría ya prescrito, y que no es delito de malversación el haber dicho que el circuito no costaría dinero y que finalmente se pagaron más de ochenta millones.

Al respecto de dicho coste, cabe señalar que el expresidente Camps explicó que el circuito urbano no era solo un circuito sino que también eran calles de la ciudad con un uso y un servicio a los vecinos.

Además, dijo que el coste de urbanización de parte del circuito lo tienen que asumir los urbanizadores del PAI de El Grao, que está paralizado por el Ayuntamiento de Valencia. La intervención también cifró en más de 40 millones el dinero que por este concepto deberá abonar el Ayuntamiento de Valencia a la Generalitat.

La juez instructora, en cambio, rechazó la tesis del fiscal y aboga por continuar la investigación contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y otros ex altos cargos del Consell, si bien en el auto, no concreta en qué basa la posible comisión de una delito de malversación.

La juez y el fiscal han mostrado su clara disparidad de criterios en sus escritos.