La patronal cree inviable la propuesta de Podem sobre residuos

Las medidas planteadas por la formación morada son, a juicio de los empresarios, «fruto del desconocimiento» de la operativa real de las compañías

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera que la proposición de ley para la prevención de residuos y fomento de la economía circular presentada por Podem en Les Corts contiene «un buen número de medidas incompatibles e inviables» que son «fruto del desconocimiento» de la operativa real de las empresas en la Comunitat Valenciana.

Tras el comité ejecutivo, la patronal autonómica informó ayer de que los vocales de este órgano mostraron su desacuerdo con la proposición de Podem y argumentó que el proceso de transformación hacia la economía circular debe entenderse como un proceso gradual, en el que las empresas dispongan de plazos y herramientas para rediseñar productos y procesos de forma progresiva, manteniendo el empleo y la actividad.

Desde la CEV explicaron que comparten la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo basado en la economía circular, y en ese sentido trabaja conjuntamente con la CEOE en la Estrategia Española de Economía Circular, según aseguraron.

Pero no entiende que una ley de estas características, de impacto sobre la gestión de los ayuntamientos, empresas y ciudadanos, se quiera aprobar «sin la pertinente información y participación pública» en la que se consulta a los interesados y expertos sobre la aplicación de la misma.

Por ello, desde la patronal apelaron a la corresponsabilidad de los partidos políticos y las Administraciones públicas para que no se apruebe una proposición de ley «para la que no se han solicitado los informes técnicos y jurídicos de los expertos en la materia de cada una de las Consellerias implicadas, ni el criterio favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJC)».

Marco normativo uniforme

Como reclaman los vocales del comité ejecutivo de la CEV, la competitividad de las empresas de la Comunitat en este proceso pasa por un marco normativo uniforme con el resto de comunidades autónomas y países europeos que evite desventajas competitivas.